A prisión efectivos del Sebin por muertes del 12 de febrero

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Caracas, febrero 26 .- El tribunal 48° de control de Caracas ordenó la detención preventiva de cinco efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, antigua Disip) imputados por el Ministerio Público de supuestamente haber perpetrado el asesinato de Juan Montoya y Bassil Da Costa, quienes perecieron después de la marcha de estudiantes que el pasado 12 de febrero llegó hasta la sede del Ministerio Público. 

La Fiscalía, representada por Johana Peña y Miguel Hernández, imputó a Manuel Pérez, Edgardo Lara, Héctor Rodríguez Pérez, Jimmy Sáez y Jonfer Márquez por homicidio calificado con alevosía y motivos innobles, uso indebido de arma, quebrantamiento de pactos internacionales, asociación para delinquir y obstaculización a la administración de justicia a favor de un grupo de delincuencia organizada.

Durante la continuación de las investigaciones penales los cincos funcionarios permanecerán recluidos en la sede del Sebin. 

Por la muerte de Montoya y Da Costa también están privados de libertad Andry Jaspe López y Jonathan Rodríguez Duarte, ambos efectivos de la policía política. 

Solidaridad con víctimas

La organización no gubernamental Red de Apoyo por la Justicia y a Paz emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con las personas que han sido víctimas de los hechos violentos registrados durante los últimos días en el país.

La agrupación instó a denunciar todos estos casos de violaciones de derechos humanos. 

"La Red de Apoyo condena todos los homicidios y los ataques ocurridos en el marco de las protestas sucedidas en el país en el mes de febrero de este año. Recuerda que la tortura (golpes y maltratos contra personas detenidas) es un delito que no se puede tolerar de ninguna manera, no prescribe y conlleva sanciones y penas mayores a 15 años de prisión para los responsables", acotó.

La organización no gubernamental recordó las protestas pacíficas son lícitas, legítimas y necesarias para la construcción de una democracia participativa. 
Insistió que el gobierno nacional tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas y no permitir que se acose, atemorice o violente a ninguna persona o sus bienes, menos aún en caso de manifestaciones multitudinarias.

"No debe permitirse la presencia de funcionarias o funcionarios policiales o militares armados cerca de donde se estén realizando reuniones o manifestaciones públicas como tampoco puede permitirse la presencia de civiles armados en dichas reuniones o manifestaciones públicas o en su cercanía", señaló la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. 

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