Aumentan tope del crédito al consumo a Bs. 1,9 millones

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Caracas, 4 de diciembre de 2014.- Los préstamos al consumo ya no tendrán como monto tope 7.500 Unidades Tributarias (UT) que equivalen a Bs. 952.500. Ahora la ordenanza legal eleva el máximo a 15.500 UT, es decir, 1.968.500 bolívares, de acuerdo con la reforma de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.

El cálculo de este monto se fija bajo la unidad tributaria que en la actualidad es de 127 bolívares. Estos créditos a corto plazo para la compra en establecimientos comerciales y cuyo pago se hace en cuotas consecutivas están establecidos en las modificaciones de la normativa que reúne 274 artículos en Gaceta Extraordinaria 6.154 del referido texto jurídico.

La medida supone que las compras con tarjeta de crédito podrán alcanzar ese monto máximo, lo cual eleva la capacidad para la adquisición de bienes al hacer uso de los llamados extra crédito, que es el préstamo adicional para adquirir bienes y servicios que no afecta el límite crediticio del plástico. Esto se hace de acuerdo con la capacidad de pago y perfil crediticio del cliente. 

Los préstamos a corto plazo son aquellos que deben ser cancelados en un lapso máximo de cinco años, que incluye el financiamiento para la compra de vehículos, mientras los de mediano plazo tendrán una vigencia de 10 años y los de largo plazo, que superan la década.

Para Alejandro Cáribas, exsuperintendente de la banca, es una medida que reconoce el gasto que se está realizando a través de las tarjetas de créditos y los extra créditos, pero advierte que esto aumenta el riesgo del incremento en la morosidad, porque habrá más dinero que probablemente algunos prestatarios no podrán cubrir. No obstante, algunos estudios revelan la cultura del venezolano de “buen pagador”.

Los clientes no participan 

Otro elemento que se estableció en la reforma de la ley tiene que ver con la supresión de la participación de los clientes en la elección del auditor externo. Aunque la anterior ley obligaba a que 20% de los usuarios votara en la selección de este funcionario, ahora la responsabilidad queda exclusivamente en manos de la Asamblea General de Accionistas de cada banco.

La firma de auditores externos podrá realizar auditorías hasta máximo cinco años en las instituciones bancarias que las contraten, cuando en la ley derogada podían trabajar solo tres años. 

Sin aporte de protección 

En el funcionamiento de los bancos, el artículo 121 excluyó a las instituciones públicas de efectuar el aporte de 0,25% de sus depósitos al cierre de cada semestre al Fondo de Protección Social de los Depósitos (Fogade). 

El artículo, donde se establece el aporte de las entidades bancarias a Fogade, reza que “El Banco Central de Venezuela, el Banco de Desarrollo económico y Social, así como las instituciones bancarias del sector público y las instituciones bancarias creadas por el Estado… no estarán obligados al pago del aporte establecido en este artículo”. Solo mantuvo la obligación en el caso de la banca privada, la cual debe entregar 0,75% del total de sus captaciones.

Antiguamente, los depósitos del público del cierre de cada semestre anterior a la fecha de pago, se cancelaba la cuota mediante primas mensuales equivalentes cada una de ellas a un sexto (1/6) de dicho porcentaje.

Para Cáribas esto es una manera de cargarle la responsabilidad a la banca privada en caso de eventualidades. 

“Es una manera de privilegiar ese sector ya que los bancos deben tener las mismas regulaciones sin distinciones. Añadió que a pesar de que el Ejecutivo pueda responder ante una eventualidad, está obligado a devolver a sus clientes los depósitos. “La medida va en contra de un funcionamiento coherente y equilibrado del sistema financiero”.

Sin obligaciones con la comuna

En la aplicación de utilidades, específicamente en el aporte social, se establece que los bancos públicos no estarán obligados al aporte previsto para los proyectos de los consejos comunales.

Mientras que las instituciones privadas deberán destinar 5% de su “Resultado Bruto Antes de Impuesto” al cumplimiento de la responsabilidad social que financiará sus propuestas.

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