"Un cambio en el modelo económico eliminará progresivamente la escasez"

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En un país en donde el tema económico es una de las principales preocupaciones de sus ciudadanos, según lo indican varios sondeos de opinión, el debate sobre si hay o no hay “guerra económica” se diluye entre la cobertura de las necesidades básicas de los  venezolanos. 

Un fenómeno relativamente reciente como es el de las colas para acceder a alimentos o a medicinas y la muy nueva disposición de regular por número de cédula y por día la adquisición de artículos a precios controlados, centra la atención de analistas y de los ciudadanos de esta nación. 

El presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Roberto León Parilli, compartió sus opiniones sobre éstos y otros temas de actualidad con Notitarde. En esta oportunidad, el diálogo se estableció con la jefe de la Corresponsalía de Caracas, Lucy Gómez, el fotógrafo Lisandro Casaña y quien suscribe estas líneas.

Explicó el invitado para el Desayuno en la Redacción que desde hace varios años Anauco ha abogado por los derechos de los consumidores en varios ámbitos. “Dimos la pelea por los derechos de los venezolanos afectados por la llamada cuota balón o créditos indexados, luchamos contra la usura en el cobro de intereses exagerados en las tarjetas de crédito y en estos momentos cuestionamos las medidas de excesivos controles de precios y las restricciones en el acceso a alimentos y medicinas. Se están violando varios artículos de la Constitución con estas medidas”, explicó el abogado.

A juicio del analista,  el problema de fondo son los controles. “La gran causa de la escasez y el desabastecimiento son las políticas públicas agotadas. Una economía centrada en el control de cambio, el desplazamiento del sector privado por un Estado Empresario, sustitución de la competencia económica por la regulación de precios, el control de la producción, de la distribución y de las materias primas han generado la actual situación de escasez”.

León Parilli asegura que en la Constitución Bolivariana de 1999 hay un artículo, el 299, “que no se está respetando”.

Citó textualmente parte de este  artículo para explicar que el problema es de fondo y no de forma: “El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país…(…)”.

León Parilli se preguntó, “¿este artículo se está cumpliendo? Definitivamente no”.

-¿Cuál es la postura de Anauco en relación a la modalidad de regular las compras en los supermercados por número de cédula?

– La Constitución consagra la presunción de inocencia. Somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Con la colocación de captahuellas en los supermercados, se está asumiendo que somos culpables de usar la comida que compramos para acaparar y revender. Eso no es justo y no es la manera de atacar un problema estructural de la economía como lo es el de la falta de producción interna de alimentos. Otro principio vulnerado con esta medida es el principio de la seguridad de la información. La Carta Magna establece que toda persona tiene el derecho a la privacidad y a la confidencialidad. Nadie tiene porqué saber que yo fui a un supermercado a comprar leche y luego fui a otro a buscar café.

También cuestionó el hecho de que se vendan cantidades limitadas de productos alimenticios. “No es lo mismo venderle comida a una familia de cinco integrantes que a una de diez o a una de tres. En este caso, hay discriminación en cuanto a lo que la gente puede comprar”.

Roberto León Parilli no descartó que inicie una demanda de nulidad, ante los tribunales de la República, para eliminar las medidas que restringen las compras de alimentos en el país.

“Hemos demandado muchas cosas y hemos comprobado que en este país hay dos velocidades en los procesos judiciales. Cuando demandamos a un particular, como en el caso de la línea aérea Delta,  la cual canceló vuelos unilateralmente y no está devolviendo el costo de los boletos con rapidez y cuando demandamos a la banca por el tema de las tarjetas de crédito y de las cuotas balón, tenemos una respuesta inmediata de parte del TSJ.  Así debería pasar con todos los juicios. Pero cuando se demanda algo que tiene que ver con el Estado, el juicio puede ser eterno.”

– ¿Qué tipo de demandas aún espera respuesta de los tribunales de la República?

– Recuerdo que introdujimos una demanda hace siete años y medio por el tema de las tarjetas de crédito como mecanismo de acceso a las divisas. Esta demanda no ha sido contestada. No es posible que un país que se dice socialista tenga que usar a una tarjeta de crédito como llave para ejercer el derecho al libre tránsito fuera de Venezuela. El que más tiene es el que puede viajar y el que menos tiene es bloqueado porque no tiene perfil bancario para tener un crédito. Y a los que sí tienen, los obligo a usar una tarjeta que es el producto más oneroso del mercado financiero, con las más altas tasas de interés. Esa demanda contra esta práctica fue admitida con mucha velocidad por el Magistrado Jesús Eduardo Cabrera. En el escrito de la admisión, se establecía claramente que nosotros teníamos razón pues leímos el análisis jurídico de la admisión y fue muy bien sustentado. Pero siete años y medio después no se ha convocado la audiencia oral. No sabemos porqué no hay respuestas. Hay argumentos que avalan nuestra petición, pero pareciera que fallar en favor de los consumidores no conviene”.

Precios no tan justos

El presidente de Anauco también comentó que solicitó ante el TSJ la nulidad parcial de la Ley de Precios Justos, “porque una ley anterior, la de Defensa del Consumidor. Ese marco legal respetaba todas las conquistas del consumidor en los últimos 50 años a nivel mundial: el derecho al reclamo, el etiquetado de los productos, el mantenimiento de un stock de repuestos de mercancía, los procedimiento conciliatorios muchos aspectos que amparaban a los consumidores. Pero cuando entra en vigencia la Ley de Precios Justos, se deroga a la referida anteriormente y los derechos de los ciudadanos desaparecen. Todo se perdió bajo la excusa de que los productos deben ser baratos y el Estado debe tener un superpoder para sancionar cualquier cosa. No hay calidad, la seguridad del producto, el derecho al reclamo, a la conciliación, todo se perdió. La Ley de Precios Justos conceptualmente es muy mala porque formaliza un modelo de controles de precios que no ha funcionado en ningún país del mundo. Nadie o casi nadie tiene controles de precios tan estrictos”.

-¿Funcionan los controles en la economía?

– El control de precios es nefasto sobre todo en  naciones en donde hay alta inflación. ¿De qué me sirve un precio justo si no se consigue? ¿Es justo pagar el triple del  costo del producto en el canal informal de venta? No lo es. Preferimos que el costo sea razonable pero que se pueda conseguir en todas las tiendas. Los controles son destructivos del aparato productivo porque ningún empresario puede producir a pérdida.

-Pero el Gobierno dice que los controles son necesarios…

– Vamos a suponer que los sistemas de control tengan la mejor de las intenciones para que se administre mejor el stock de alimentos que existe. Eso debía ser momentáneo para que se sortee la crisis. Pero aun así se está violentando la Constitución. Los derechos que están consagrados en la Carta Magna no se pueden conculcar por mucho que se tengan buenas intenciones. No se están buscando soluciones sino que se están administrando los problemas, se están organizando las colas por días de atención. Es un asunto de fondo más de que de forma. El acceso a los alimentos tiene que ser oportuno y de calidad. No es posible si mi terminal de número de cédula indica que debo comprar un día martes no consiga qué comprar. Los alimentos deben ser para todos y no para el que pueda conseguirlo por casualidad”.

– ¿Qué papel deben jugar los empresarios en esta crisis?

-El sector empresarial si no tiene rendimientos o ganancias no funciona. Cuando le dicen a los empresarios que deben pasar por varias leyes restrictivas, no ganar más del 30 por ciento, y si los amenazas con prisión, difícilmente ejercerán sus funciones con eficacia. Además está el juego cambiario que incentiva las importaciones. Si tu recibes un dólar del Cencoex muy barato, tu importas pues ganas más al aplicarle el diferencial cambiario, pues abandonas la producción local. También hay mucha preocupación por el tema cambiario, no hay dólares para una buena parte de los empresarios, entonces ¿cómo puedes trabajar así? 

 

De profesión bachaquero

El abogado y defensor de los derechos de los consumidores introdujo otro tema: el del “bachaquero” como profesión. 

“Las condiciones de insuficiente oferta de bienes y servicios en Venezuela, han abierto espacios para el surgimiento de nuevos oficios sustentados en la necesidad de los consumidores. Términos como “bachaqueo”  y “vende cupo”  se incorporan a nuestro vocabulario cotidiano”.

– ¿Por qué el bachaquero emerge en esta situación del país?

-Las causas de este fenómeno son fáciles de precisar sin que exista discusión alguna, es un refrán popular en muchos países “el bien más caro es el que no se encuentra” mientras exista una demanda superior a la oferta la especulación estará presente. Lo que ocurre en Venezuela es que la falta de bienes ha aumentado progresivamente, convirtiéndose en un fenómeno casi general y prolongado en el tiempo, dando nacimiento a los nuevos oficios de rebusque que producen incluso mayores ganancias a quienes los realizan que a los comerciantes formales, es decir, gana más dinero el que compra un bien en el escaso mercado y lo revende a un precio mucho mayor a quien lo necesita, que el comerciante formal y legalmente establecido, quien debe vender sus productos a precios regulados sin importar sus estructuras de costos.

El abogado aseguró que si se producen cambios en las políticas públicas, si se flexibilizan y eventualmente se eliminan controles de precios y de cambios y si se incentiva a la producción nacional, “los fenómenos de la escasez el desabasteciendo y el bachaqueo irán desapareciendo progresivamente. Este es un país que lo tiene todo para triunfar”.

 

Cupos de viajeros

El abogado y presidente de Anauco anunció que el próximo martes acudirá al Tribunal supremo de Justicia para solicitar la nulidad de la providencia número 11 del Ministerio de Economía y Finanzas que ordena la drástica reducción del cupo de viajero del Cencoex, así como de la obligación de pedir los dólares sólo ante la banca pública. También se fracciona el uso del cupo electrónico que sólo será administrado por la banca estatal.

“Esta nueva decisión de la autoridad cambiaria constituye una importante afectación al ejercicio de algunos derechos constitucionales de los venezolanos. El artículo 21 de la Carta Magna establece el derecho a ser tratados como iguales ante la ley, se prohibe la discriminación, siendo el caso que los venezolanos que no son clientes de bancos públicos son discriminados con la decisión del Cencoex, hoy quedan sin la posibilidad operativa de ejercer su derecho constitucional al libre tránsito (art. 51)”.

León Parilli exhortó a la banca privada a fijar posición sobre el polémico punto. “Hacemos un llamado al sector bancario nacional, para que en nombre de sus millones de clientes soliciten ante las autoridades correspondientes, la reconsideración de este acto administrativo que imposibilita a la banca privada para prestar el servicio a los usuarios como operadora cambiaria. En Venezuela la mayor cartera de clientes está atendida por la banca privada, por demás regulada y supervisada, con lo cual resulta inexplicable e injusta la medida decretada”.

“La banca pública no está en capacidad para darles a todos tarjetas de crédito y menos en un tiempo tan corto como el lapso de un mes”, finalizó León Parilli.

Ventana

Un abogado con gran vocación social

Con un discurso ponderado y técnico, pero muy didáctico, Roberto León Parilli explica a los lectores de Notitarde su visión de cómo debería ser una gestión en defensa del consumidor.

Es abogado egresado de la Universidad Santa María, en 1987, hizo postgrado en derecho procesal y ha cursado estudios sobre el sector financiero en el Iesa, así como en otras entidades académicas. “Me apasiona la economía; hay quien cree que soy economista, pero no, soy abogado”, señala nuestro invitado.

Le gustan mucho los deportes, aunque en estos momentos no tiene tiempo para practicar alguno, “pero hago ejercicio, camino, subo escaleras, trato de mantener actividad física, pues es importante preservar la salud”.

Dice con orgullo que su familia lo apoya en esta labor en la defensa del consumidor, algo que hace por vocación y por convicción. 

Señala que en Anauco se atiende a los venezolanos de todas las tendencias políticas “sin ningún tipo de distinción; nuestra meta es la de defender los derechos ciudadanos establecidos en las leyes de la República”.

Promete una sorpresa en materia de comunicaciones para los próximos días, “estamos insertos en las nuevas tecnologías y vamos a presentar un modelo importante de cómo ser más eficientes en nuestra gestión. Mi estilo es de respeto, de ayuda y de colaboración. No creo en discursos altisonantes o irrespetuosos”.

Dice que tiene amigos en todos los bandos políticos y que le enorgullece que su labor sea reconocida. 

“Para acceder a un servicio de Anauco sólo basta denunciar una situación que se considere atentatoria contra los derechos de los consumidores, y nuestro equipo se activa, según la complejidad del caso. Hemos atendido a militantes del oficialismo, incluso diputados, con problemas con una tarjeta de crédito, por ejemplo, y los hemos recibido con la misma eficiencia que a cualquier otro ciudadano. En Anauco estamos para sumar esfuerzos. No nos permitimos tener parcialidad y mantenemos la independencia de nuestras acciones para poder reclamar con propiedad”.

Las demandas colectivas no tienen costo para los consumidores, pero sostiene que en casos individuales, hay pago de dinero para atender los costos procesales de una demanda.

“No prestamos todos los servicios gratuitos, no podríamos, pero no nos lucramos con nuestra actividad. Los precios son solidarios”. Mediante la cuenta de Twitter @Anauco y la página web www.lavozdelconsumidor.com.ve, establece conexión en redes con los venezolanos.   

León Parilli ha ejercido cargos en el sector público entre 2002 y 2004, como técnico.  “Estuve en la consultoría jurídica de Fogade, luego en el mismo cargo en Cadafe en donde aprendí mucho en cuanto a servir al ciudadano. También fui consultor jurídico en Pequiven. Luego de que salí del sector público me dediqué exclusivamente a trabajar en Anauco. Es mi camino y mi vocación; sólo ejerzo mi profesión en esta institución que se autofinancia”. No recibe ayuda de gobiernos o de entidades internacionales. Los consumidores son los que mantienen la organización con pequeños aportes.  

“Somos 30 empleados en Anauco y contamos con el apoyo de un ejército de colaboradores, con los comités de usuarios”.

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