Colombia debate uso del glifosato en la lucha contra las drogas

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Bogotá, 29 abril 2015.- La política antidrogas de Colombia puede dar un giro en el combate a los cultivos ilícitos si el Gobierno acoge una recomendación del Ministerio de Salud de suspender las fumigaciones aéreas con glifosato, práctica que ya causó un litigio con el vecino Ecuador.

El uso del herbicida en plantaciones de coca y amapola para atacar de raíz la producción de drogas se remonta tres décadas, a una época en la que el país estaba en una guerra sin cuartel contra los carteles del narcotráfico, y desde entonces ha estado rodeado de polémica.

A mediados de los 90, campesinos del Guaviare, región del centro-sur del país que fue uno de los principales productores de coca, y del Putumayo, en la frontera con Ecuador, protagonizaron las primeras protestas por el daño que las fumigaciones causaban a los cultivos legales, al ambiente y la salud.

Pese a las quejas de campesinos y activistas, los Gobiernos de los últimos treinta años han recurrido de manera intermitente a las aspersiones con ese químico, hasta que el Ministerio de Salud emitió una recomendación no vinculante sobre la suspensión de su uso en la guerra antidrogas.

Esta recomendación, basada en los resultados de una reunión de expertos de una agencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que clasificó al glifosato entre los plaguicidas que pueden causar cáncer en humanos, abrió el debate sobre la conveniencia de seguir usándolo contra cultivos ilegales.

La Defensoría del Pueblo respaldó la recomendación y recordó que comunidades indígenas del Putumayo que pidieron protección de sus derechos en el marco de la lucha contra las drogas ya habían advertido de los efectos nocivos del glifosato.

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), ONG que desde hace quince años pide la suspensión de las fumigaciones, también expresó su apoyo, pues considera que hay suficiente evidencia científica del impacto negativo que causan.

"Colombia, como ningún otro país, ha usado millones de litros de glifosato que no han logrado destruir los cultivos de coca y amapola, pero que sí han dañado irremediablemente la salud y el ambiente", manifestó en un comunicado Astrid Puentes, codirectora de AIDA.

En la otra orilla se sitúan las autoridades responsables de la lucha contra la drogas, que consideran el glifosato una herramienta eficaz para destruir cultivos ilícitos y que dejar de usarlo supondría dar ventaja a los narcotraficantes.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, fue enfático al afirmar que las aspersiones con glifosato seguirán hasta que el presidente Juan Manuel Santos disponga lo contrario y consideró que muchos estudios no son concluyentes sobre los daños colaterales que causa el herbicida.

"Lo cierto es que nosotros vamos a seguir evaluando estrategias y fórmulas, porque no podemos permitir que se termine beneficiando a la delincuencia, la criminalidad y el terrorismo. Tendremos que seguir con las aspersiones hasta que se tome alguna determinación", manifestó.

Pinzón señaló que en regiones donde por alguna razón ha sido suspendida la aspersión se han multiplicado las áreas sembradas de coca, como ocurre en la zona del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, y en la franja de 10 kilómetros del sur que es limítrofe con Ecuador.

En esa franja las fumigaciones aéreas fueron suspendidas en 2013 como parte del acuerdo de Colombia con Ecuador para que retirara la demanda en su contra presentada en 2008 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por los daños a la salud y el ambiente causados por el herbicida que era llevado por el viento al otro lado de la frontera.

También el procurador general, Alejandro Ordóñez, manifestó su desacuerdo con la posible suspensión de las fumigaciones porque "conducirá a crear santuarios para el narcotráfico".

Al igual que Pinzón, Ordóñez cree que no hay suficiente base científica para abandonar el glifosato y que la fumigación aérea es además el método más seguro para los policías que erradican cultivos ilícitos porque cuando lo hacen de manera manual se exponen a caer en campos minados o a ataques de guerrilleros o de narcotraficantes.

Las FARC, guerrilla con la que el Gobierno negocia en Cuba un acuerdo de paz y que siempre ha sido contraria al glifosato, apoyó la recomendación del Ministerio de Salud, mientras que funcionarios de EE.UU. principal aliado de Colombia en la guerra contra las drogas, se han manifestado contrarios pero respetuosos.

Para analizar la recomendación, Santos convocó para el 15 de mayo una reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), cuyas conclusiones pueden darle una luz sobre el camino a seguir.

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