Un breve resumen Leyes Amnistía en Latinoamérica

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La oposición venezolana argumenta que el objetivo de la llamada Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional es garantizar la “paz” y la “unión” del país, la misma razón utilizada por el presidente español, Adolfo Suárez, cuando aprobó en 1977 una ley con las mismas características que perdonó todos los delitos políticos ocurridos durante la cruenta dictadura de Francisco Franco en España, entre 1936 y 1977, periodo en el cual se calcularon más de 114.000 personas desparecidas y el robo de unos 30.000 niños, de acuerdo con cifras de asociaciones de Derechos Humanos.

Otra ley de amnistía también fue utilizada por Augusto Pinochet en 1978 para proteger a los autores de los abusos cometidos en Chile durante su dictadura (1973-1990). Estos hechos implicaron el homicidio y desaparición de más de 3.000 personas y la detención arbitraria y tortura a más de 38.000 ciudadanos. En este sentido, instancias internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han mostrado su preocupación y absoluto rechazo a la aplicación de estas normativas que representan un retroceso en la búsqueda de la justicia y la verdad. Para la ONU las amnistías deben ser inadmisibles para cualquier Estado que se ciña por los principios del respeto a los Derechos Humanos, pues atentan directamente contra la memoria de millones de personas que fueron víctimas de torturas, asesinatos, desapariciones y maltratos.

De acuerdo con el organismo, estos proyectos legales no sólo impiden el enjuiciamiento de los responsables, sino que, bajo la excusa de ser una medida necesaria para garantizar la paz en las naciones, terminan alentando a los beneficiarios a cometer nuevos crímenes, pues estos tienen el amparo de ser exonerados de sanciones penales.

En el caso de Venezuela la mayoría circunstancial de derecha en el Parlamento Nacional aprobó la ley de indulgencia el pasado martes con la cual pretenden excarcelar a responsables de muertes violentas, conspiraciones y otros daños ocasionados con fines políticos, que fueron investigados, juzgados y condenados por el Poder Judicial de la nación desde 1999.

Entre los hechos punibles que abarca esta ley se incluyen no sólo a las guarimbas y los intentos golpistas en contra del presidente constitucional, Nicolás Maduro, sino también los crímenes en contra del sector campesino, los delitos perpetrados durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2001, el paro petrolero de 2002, entre otras situaciones que quebrantaron la paz y la estabilidad en Venezuela.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Red Nacional de Derechos Humanos, se estima que con esta aprobación alrededor de unas 5.000 personas podrían ser absueltas de sus responsabilidades en diferentes delitos, entre ellos Leopoldo López, artífice del intento fallido de golpe de Estado en 2014, que provocó la muerte de 43 personas, entre ellas la del joven Elvis Durán, motorizado, que murió degollado al impactar con una guaya colocada en una vía pública por un grupo de choque al servicio del partido de López. @elnavi.campos

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