Cuando asesinan a los policías

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La reciente ola de asesinatos de policías en la gran Caracas ha causado gran conmoción en la opinión pública del país. En solo una semana 8 funcionarios de seguridad cayeron víctimas de la delincuencia, para totalizar 47 en lo que va de año. Si los criminales atentan con tanta saña y facilidad contra  personas que representan la autoridad del Estado, nadie puede estar seguro en la sociedad. Esa es la sensación que este tipo de hechos deja en la mayoría de la población. 

El asesinato de policías y militares no es algo nuevo en nuestro país. El año pasado Cofavic contabilizó 450 homicidios de funcionarios de seguridad en todo el territorio nacional, de los cuales 132 se produjeron en Caracas. El móvil principal es el robo del arma de reglamento y/o la motocicleta. Estas armas son posteriormente vendidas en el mercado negro o pasan a formar parte del arsenal de las bandas a las que pertenecen los victimarios. 

Muchas veces también los funcionarios de seguridad son asesinados en medio de un enfrentamiento. Esto se produce, entre otras razones, porque los policías libran hoy una guerra desigual contra la delincuencia. La resolución 17359 del 13/02/2011, emanada del Ministerio de la Defensa, limitó a las policías estadales y municipales al uso exclusivo de armas 9mm y una escopeta calibre 12 por cada 10 funcionarios, mientras que los delincuentes frecuentemente utilizan fusiles de alto impacto y hasta granadas. 

¿De dónde salen las armas de guerra que utilizan los antisociales? Es una pregunta que muchos nos hacemos, sobre todo porque nuestra Constitución señala que “solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra” (Art. 324). Asimismo, el artículo 4 de la Ley Desarme establece que las armas de guerra “son de uso privativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”. La falta de una investigación profunda sobre el origen de las armas de guerra que poseen muchos delincuentes dificulta que se le pueda poner coto a esta irregularidad.

La versión oficial (esgrimida sin ningún tipo de pruebas) que indica que los asesinatos de policías son ejecutados por paramilitares y forman parte de un plan político, no pareciera tener ningún asidero. Este tipo de afirmaciones irresponsables no solo constituyen un irrespeto hacia las víctimas y sus familiares, sino que también pudieran contribuir a potenciar las posibilidades de que los homicidios de policías y militares no se investiguen a profundidad y queden completamente impunes. Este Gobierno ya nos tiene acostumbrados a no asumir la responsabilidad sobre ninguno de los problemas del país. Lo mismo pasa con el cuento de la “guerra económica” para escurrir el bulto de la inflación y la escasez. 

Los policías deben asumir una profesión sumamente riesgosa ganando salarios que ni siquiera les permiten adquirir la canasta alimentaria. Esto no es algo justo con personas que a diario se juegan la vida para proteger la integridad física y los bienes del resto de los ciudadanos. Esta realidad, sumada a los diversos problemas operativos que enfrentan, lamentablemente esta provocando que cada vez más  policías abandonen los cuerpos de seguridad para ir a la actividad privada, principalmente como escoltas. 

En los países que tienen problemas de inseguridad desbordada, como Honduras, El Salvador, México y Guatemala, entre otros, es común que asesinen policías, pero difícilmente en las cantidades que en los últimos años se han visto en Venezuela. Solo en la Medellín de la época de Pablo Escobar Gaviria ocurrió algo similar. 

El Gobierno, en vez de tratar de evadir su responsabilidad, debería, con carácter de urgencia, diseñar estrategias y ejecutar acciones para evitar que más uniformados sigan cayendo víctimas de la delincuencia. 

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