Defensora genera polémica con declaraciones sobre "tortura" (Video)

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Caracas, marzo 8.-  La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, informó ayer que las protestas contra el Gobierno, que han estremecido el país por más de tres semanas, han dejado 21 muertos, cuatro de los cuales se investigan por la presunta participación de las fuerzas del orden. Sin embargo, uno de los elementos del informe de Ramírez que más controversia causaron fue su explicación sobre la diferencia entre "tortura" y "trato ofensivo". 

Al explicar que el uso de cada término involucra determinadas sanciones, Ramírez ejemplificó: "El sentido de la tortura es infligir sufrimiento físico a una persona para obtener una confesión", una declaración que fue considerada por algunos medios y personalidades políticas como una apología a estos métodos. Por ejemplo, Julio Borges, coordinador de Primero Justicia (PJ), y el partido Un Nuevo Tiempo (UNT) exigieron a la Defensora renunciar a su cargo tras estas declaraciones. 

En respuesta, Ramírez publicó una aclaratoria en su cuenta en Twitter: "La tortura es el acto más abominable en que puede incurrir un uniformado (…). Venezuela castiga a los torturadores con penas de 25 a 30 años", aclaró.

Ramírez exigió ayer a El Nacional modificar el titular de una noticia publicada por la página web del diario, pues presuntamente "falsea intencionalmente" las declaraciones de Ramírez.

A continuación el texto completo enviado a El Nacional:

Este sábado 8 de marzo, el diario El Nacional (en su página web) utilizó un título que falsea las declaraciones de la Defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez, realizadas en el marco de la presentación del informe "Febrero: Un golpe a la paz", que recoge las actuaciones de la Defensoría del Pueblo en el marco de las manifestaciones y protestas violentas ocurridas en el país en las últimas semanas. 

Con el título "Defensora del Pueblo justifica tortura a jóvenes estudiantes", el diario falsea intencionalmente las palabras de la Defensora del Pueblo, sacando de contexto la explicación de Ramírez sobre las diferencias que existen en el ordenamiento nacional e internacional respecto a lo que se entiende como tortura y lo que se entiende como tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

En el cuerpo de la nota, el diario publicó un supuesta cita de la Defensora que reza: "Si se aprehenden 15 jóvenes y una persona es golpeada o maltratada, la tortura tiene un sentido, se emplea para obtener una confesión, se les inflige sufrimiento físico para obtener una confesión y tenemos que diferenciarlo de un trato excesivo o uso desproporcionado de la fuerza". Este texto no contiene la supuesta justificación a la que alude el titular, pero además no se corresponde con lo dicho por la Defensora. 

La transcripción textual de la declaración de Ramírez deja claro que en ningún momento se justificó actuación alguna que pueda ser violatoria de los derechos humanos, mucho menos la tortura. Ante una pregunta sobre la cantidad de denuncias de tortura recibidas por la Institución, la Defensora contestó: 

-Tenemos 44 denuncias sobre el derecho a la integridad física. Las estamos impulsando y tenemos, bueno, en tortura… yo he sido clara, hasta ayer hemos recibido este material del Foro Penal, yo voy a consignar esto en la Comisión de la Tortura para que podamos hacer un análisis porque, por ejemplo, si se aprenden 11 jóvenes o 15 jóvenes o 20 jóvenes en un sitio de éstos, y una persona es golpeada o es tratada o se intenta… fíjense, la tortura tiene un sentido, por eso nosotros tenemos que ser muy rigurosos con el uso de los términos, la tortura se emplea para obtener… se le inflige sufrimiento físico a una persona para obtener una confesión, y tenemos que diferenciarlo de lo que es un trato excesivo o un uso desproporcionado de la fuerza, y, sobre la base de si es tortura o si es trato cruel, inhumano o degradante, se establece la entidad de la pena y la proporcionalidad del castigo. 

Más adelante, la Defensora afirmó tajantemente ante una pregunta de El Nacional que: "Nosotros rechazamos, y vamos a investigar, cualquier uso desproporcionado de la fuerza física". 

En vista de estas evidencias, la Defensoría del Pueblo exige al diario El Nacional que modifique el titular de esta noticia y que publique en la misma página esta aclaratoria, en ejercicio del derecho a réplica y rectificación establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 58 y en el artículo 9 de la Ley de Ejercicio del Periodismo. Y aprovechamos para recordar al diario El Nacional que la Ley que rige la profesión periodística expresamente establece en su capítulo III lo siguiente: 

Artículo 34.- Son deberes de los miembros del CNP: 1. Ajustar su actuación a los principios de la ética profesional, al respeto y a la defensa de los derechos humanos, de la paz entre los pueblos, de la libertad de expresión al servicio de la verdad y la pluralidad de las informaciones. 
Se consideran violaciones de la ética profesional del periodista, que pueden ser conocidas y sancionadas por los tribunales disciplinarios correspondientes, las siguientes: 

a) Incurrir voluntariamente en error o falsedad de hechos en sus informaciones. 
b) Adulterar intencionalmente opiniones y declaraciones de terceros. 
c) Negarse a rectificar debidamente los errores de hecho en que haya podido incurrir al informar sobre personas, sucesos y declaraciones. 
d) Adulterar o tergiversar intencionalmente las informaciones con el objetivo de causar daño o perjuicio moral a terceros. 
e) Estimular o amparar el ejercicio ilegal del periodismo.

Barricadas y excesos

Por otra parte, durante la rueda de prensa, la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, culpó a las barricadas, colocadas  durante  las manifestaciones de calle, de la mayor cantidad de muertes durante las protestas. 

Ramírez agregó que su instancia ha tenido 600 actuaciones entre las que destacó las solicitudes de investigación a cuerpos de seguridad ante la Fiscalía General de la República. 

Al respecto, la funcionaria reconoció "excesos" por parte de fuerzas del orden público y acotó que de los 44 casos de violación a la integridad física cuatro tienen involucrados a funcionarios policiales o militares.

Responsabilidad en 2.0

Por otro lado, la Defensora del Pueblo culpó al responsable nacional de Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, de la oleada de violencia desde el 12 de febrero, pues aseguró que "habló de una crisis y buscó generar los ánimos de frustración, desesperanza, agotamiento e incertidumbre en las personas para producir una movilización en lo que ellos denominaron 'La Salida' ". 

Especuló, además, que esta convocatoria  política "implica la renuncia" del presidente Nicolás Maduro. 
Por ello, Ramírez exigió "responsabilidad" en el uso de las redes sociales.

 

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