Del derecho a la vida y de la viveza oficial

El país que queremos

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Miguel Antonio Parra Giménez
Columnista, Miguel Antonio Parra Giménez

Hoy el país amaneció con cierto abatimiento, lo acontecido con la vida del funcionario del CICPC, Oscar Pérez y sus compañeros que lo segundaban en el sector del Junquito en el día de ayer, ha puesto a pensar a los venezolanos sobre las razones que llevaron a los cuerpos de seguridad del estado a ajusticiarlos. Hay quienes piensan y con razón que esta actuación lleva un “Mensaje a García” para todo aquel que tenga la osadía a enfrentarse en armas al régimen. Otros piensan que definitivamente estamos ante un estado forajido que no respeta en lo más mínimo los derechos humanos de quien habitan en esta nación.
Llama la atención que quienes se levantaron en armas contra el estado venezolano el 4 de febrero de 1992, les fue perdonada la vida a penas señalaron sus intenciones de entregarse, habida cuenta que horas antes tenían en su haber, unos cuantos muertos. En esta ocasión quienes hoy enarbolan las banderas de ese levantamiento y de su revolución, ajustician a unos funcionarios que no tenían en sus actuaciones muertos en su conciencia, siendo que su proceder también tenía una razón al igual que los insurgentes del 4F. Sin duda aquí no ha habido ninguna equidad en el proceder.
La discusión que ha de plantearse en este caso no obedece a las posiciones ideológicas o políticas frente al régimen o en su defensa, sino lo concerniente a los derechos humanos que aquí flagrantemente fueron violados. Oscar Pérez y sus seguidores dejaron bien claro ante el mundo las intenciones que el régimen que lideriza Nicolás Maduro tenía frente a ellos. Las claras intenciones de ajusticiarlos fueron evidentes después de los videos que a través de las redes circularon. Oscar Pérez y sus seguidores quisieron entregarse, pero el gobierno no se los permitió y cobro sus vidas, violando de forma clara la obligación de un estado de respetar el derecho a la vida de cualquier ser humano. He aquí el meollo del asunto.

De las criptomonedas y el Petro
El ciudadano Alcalde del Municipio Naguanagua ha promocionado ante los medios de comunicación, la existencia de un centro de Minas de Criptomonedas avalado por dicha alcaldía. Hasta ahora por declaraciones de algunos entendidos del gobierno de esta nueva figura monetaria llamada Petro, esta no será minada, sino que será emitida tipo bono de la nación, lo que sin duda deja al Petro fuera del concepto real de una criptomoneda. Lo más interesante es, que en materia de criptomoneda no hay una legislación que la prohíba en el país, pero los cuerpos de seguridad del estado especialmente el SEBIN, se ha encargado de incautar las maquinas que minan dichas monedas cibernéticas, violando el principio legal de que no hay crimen ni pena, sin ley previa o lo que mejor se conoce en el ámbito jurídico como “Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege”.
Cabe también destacar que por información en las redes y algunos medios de comunicación han aparecido notas de prensa que registran estas incautaciones de máquinas, para luego ser puestas en funcionamiento no se sabe por quién, pero sin duda no por sus reales propietarios, como dicen algunos, “cachicamo trabajando para lapa”.
Ojalá que este centro de operaciones financieras señalado por el Alcalde de Naguanagua, sirva para dejar bien en claro la legalidad de esta actividad, porque hasta ahora solo ha venido beneficiando a funcionarios y enchufados. Viveza Oficial
@miguelparrag

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