Diputada Rosal propone a Ameliach elaborar plan de seguridad junto a 14 alcaldes

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Valencia, 01 de febrero de 2015.-  La diputada y jefa de la Fracción Parlamentaria de Proyecto Venezuela en el Consejo Legislativo de Carabobo (CLEC), Neidy Rosal manifestó que es “inaceptable que se pretenda amenazar a las alcaldías y a los municipios con la intervención de las distintas policías municipales, cuando lo que se debe hacer es realizar un plan para equipar a estos cuerpos”.

Exhortamos al gobernador de Carabobo para que convoque de emergencia a los 14 alcaldes, y que se elaborare en conjunto un plan de seguridad para toda la entidad, así como un plan de equipamiento para las policías municipales y la policía regional, que en este momento carece de equipos, patrullas, armas, y uniformes, entre otros, dijo Rosal.

La diputada de Prove recordó que la seguridad de todos los carabobeños es absoluta responsabilidad del gobernador. “Vemos con preocupación que lejos de sentarse a trabajar en conjunto con las distintas alcaldías de la región para elaborar un plan que le devuelva la seguridad a todos los vecinos, lo que se intenta es amenazar con la intervención de las policías municipales, a través del poder, en esta oportunidad nos referimos a la de Naguanagua, por eso les pedimos que dejen la amenaza y que se pongan a trabajar”, recalcó.

La diputada Neidy Rosal citó un análisis del Observatorio Venezolano de Violencia en que se destaca que durante el año 2014 en Caracas fueron asesinados más de dos policías por semana, mientras que en Carabobo poco más de uno; aunado a la desmoralización en los cuerpos policiales que cada día es mayor, los funcionarios además de ser victimizados se sienten sin autoridad y sin apoyo, exclamó.

Resolución 008610

Por otra parte, la diputada del CLEC rechazó la resolución 8610, emanada del Ministerio de la Defensa, en la que se pretende usar algún tipo de armas de fuego en el control de manifestaciones públicas, debido a que viola flagrantemente el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que reza: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.

Calificó como supremamente delicado el uso de armas de fuego y armas químicas en manifestaciones, porque “podrían ocurrir situaciones desagradables”, de modo que “exigimos que sea anulada a la brevedad esa resolución, porque viola la Constitución”.

Finalmente, “queremos resaltar como preocupante que ante el cierre de muchas empresas en todas las zonas industriales de Carabobo, que incrementaría a 18 mil el número de desempleados, la consecuencia sería un aumento en las cifras de inseguridad y ante esta situación no vemos que las autoridades competentes estés preparando planes de emergencia para brindar seguridad a los carabobeños”.

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