Habitantes de Libertador exigen pronunciamiento a su favor sobre propiedad de terrenos

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Valencia, 6 mayo 2015.- Habitantes de los sectores Los Chorritos, La Guásima, Fundación CAP, Nueva Valencia y San Luis, exigieron este miércoles 6 de abril ante el Palacio de Justicia al juez José Gregorio Madriz que se pronuncie a su favor por la propiedad de los terrenos en los que residen desde hace más de 60 años, ante la apelación del Municipio Libertador contra la familia Bigott.

Con consignas como: “Familia Bigott no nos desalojen de nuestros terrenos”, “La justicia no se compra” y “reivindicación social” los vecinos expresaron su reclamo. Amado Espinoza, uno de los habitantes afectados, dijo que vive en Los Chorritos desde hace 50 años y que actualmente su derecho a la vivienda se encuentra vulnerado por decisiones que calificó como “arbitrarias” en contra del municipio Libertador.

“Como vecino, pobladores, fundadores de estas comunidades exigimos al juez Madriz que se pronuncie a nuestro favor, que reivindique a este pueblo. Cuando habitamos esas tierras eran inhóspitas, nadie las podía habitar, nosotros las acondicionamos, hicimos nuestras calles y con los gobiernos que han pasado se hicieron los servicios públicos. Hoy en día son habitables”, enfatizó.

Explicó que miembros de la familia Bigott están vendiendo estas tierras a otras personas, acción que ocasionaría graves consecuencias para el futuro de estas comunidades, “Eso va a generar una tragedia, porque va a venir otra persona a quererme quitar las tierras donde yo he hecho una bienhechuría. El llamado es a que las autoridades se pronuncien a favor del municipio Libertador, especialmente de estas comunidades”.

Por su parte, Efraín Guevara, otro habitante afectado, invitó al juez Madriz a un recorrido por la zona para que confirme lo que ellos exponen y precisó que la Ley de Tierra Urbanas proporciona los mecanismos para solucionar a favor de los habitantes el caso sobre las tierras que reclaman, las cuales comprenden 700 hectáreas de extensión y están ocupadas por un promedio de 40 comunidades, lo que representa unas 80 mil familias.

Tras la protesta, tres voceros de las comunidades fueron atendidos por la secretaria de la Coordinación Judicial del Palacio de Justicia, Ana Pérez, en nombre del juez José Gregorio Madriz, para hacerle llegar las inquietudes de las comunidades afectadas y será el día 7 de mayo cuando se les notificará por oficio el estatus del caso.

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