HRW denuncia "graves violaciones de derechos humanos" en Venezuela

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Washington, 5 mayo 2014.- Human Rights Watch (HRW) denunció hoy en un informe "graves violaciones de derechos humanos" por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas. 

La organización defensora de los derechos humanos presentó en Washington su investigación sobre los enfrentamientos que se producen entre el gobierno de Caracas y fuerzas opositoras desde el 12 de febrero, en los que han muerto decenas de personas. 

Ante las denuncias, HRW realizó una investigación en Venezuela en el mes de marzo, durante la cual "documentamos un patrón de graves abusos", señala el informe presentado en la capital de Estados Unidos. 

"En 45 casos, encontramos evidencias convincentes de graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas", afirma. 

"Estos abusos se vieron agravados por la actitud de funcionarios del Ministerio Público y del poder judicial que conocieron, participaron o de otro modo toleraron abusos contra manifestantes y detenidos, incluidas serias violaciones de sus derechos de debido proceso", agrega el informe, titulado "Castigados Por Protestar". 

Venezuela vive una situación de inestabilidad y división política desde el exiguo triunfo del oficialista Nicolás Maduro, sucesor del fallecido Hugo Chávez, sobre el opositor Henrique Capriles en las elecciones de abril de 2013. 

El gobierno asegura que las protestas que se iniciaron en febrero forman parte de un plan de insurrección apoyado por Estados Unidos. 

La oposición, por su parte, afirma que las manifestaciones son fruto de la inseguridad, el desabastecimiento, la violencia y la restricción de libertades que hay en el país. 

El dirigente opositor Leopoldo López está preso y se enfrenta a una pena de diez años de cárcel, mientras su partido, Voluntad Popular, es perseguido y acusado de "terrorista". Otra de las cabezas de la oposición, María Corina Machado, fue despojada de su inmunidad parlamentaria. 

Las protestas han dejado un saldo de 41 muertos y más de 700 heridos. El gobierno calcula daños materiales por 15.000 millones de dólares. 

"En la mayoría de los casos que documentamos, miembros de las fuerzas de seguridad recurrieron a un uso ilegítimo de la fuerza, que incluyó disparar y golpear brutalmente a personas que no estaban armadas. Casi todas las víctimas fueron además arrestadas y, mientras permanecieron detenidas, sufrieron abusos físicos y psicológicos. En al menos diez casos, los abusos claramente constituyeron tortura", asegura HRW, que admite también que "algunos manifestantes han apelado a métodos violentos". 

"En los 45 casos de violaciones de derechos humanos que documentamos, las evidencias indicaron que las víctimas de uso ilegítimo de la fuerza y otros abusos no estaban participando en actos de violencia u otras actividades delictivas", denuncia. 

"La naturaleza y el momento en que se produjeron muchos de estos abusos -acompañados frecuentemente de descalificaciones políticas por parte de los responsables- sugieren que el propósito no fue restablecer el orden público ni dispersar las protestas, sino más bien castigar a personas por sus opiniones políticas reales o presuntas", afirma HRW. 

"Nuestro trabajo nos permite concluir que los abusos no fueron casos aislados o excesos de miembros insubordinados de las fuerzas de seguridad, sino que formaron parte de un patrón más extendido del cual deben o deberían haber tenido conocimiento altos funcionarios civiles y de las fuerzas de seguridad, y que parecieran, como mínimo, haber tolerado", demanda la organización, que asegura que "los abusos formaron parte de una práctica sistemática de las autoridades de seguridad venezolanas". 

HRW también denuncia al poder judicial venezolano porque "ha dejado de ejercer su rol como garante frente a abusos del poder del Estado" y "ha pasado a transformarse en un sector sumamente politizado". 

Human Rights Watch también constató la existencia de "pandillas armadas partidarias del gobierno", que atacaron a los manifestantes. "En algunos casos, las fuerzas de seguridad colaboraron abiertamente con los agresores que simpatizaban con el gobierno", asegura. 

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