Julio Montoya narró a diputados españoles vínculos de Podemos y Maduro

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Madrid, 21 abril 2015.- El opositor venezolano Julio Montoya se reunió hoy en el Congreso con diputados de los principales partidos españoles, a los que explicó las conexiones entre el gobierno de su país y el partido español Podemos, a través de supuestos pagos recibidos por una fundación vinculada a esa formación. 

Montoya se reunió con diputados del gubernamental Partido Popular (PP, centroderecha), Partido Socialista (PSOE), principal grupo de la oposición, y UPyD (centro), a los que explicó dicha conexión a través de supuestos pagos recibidos hasta 2014 por la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), cercana a Podemos, partido situado a la izquierda fundado hace un año de vida. 

Tras reunirse con los parlamentarios, Montoya aseguró que tiene pruebas de que este centro asesoró a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, precisamente para combatir a la oposición. 

"Algunos de esos informes y algunas de esas recomendaciones sirvieron para justificar la cárcel que hoy muchos dirigentes de la oposición están padeciendo", denunció. 

El diputado opositor venezolano eludió inmiscuirse en los asuntos políticos internos de España, a diferencia -dijo- de dirigentes de Podemos como Juan Carlos Monedero en Venezuela, pero sí consideró necesario que se investigue esa financiación del partido español que, insistió, continuó hasta 2014. 

El opositor venezolano, del partido Primero Justicia, también pidió a los grupos políticos españoles del Congreso colaboración en la investigación de las cuentas por un total de 4.200 millones de euros que acumulaban en Banco Madrid y la Banca Privada de Andorra (ambos intervenidos) varios cargos del régimen venezolano.

Unas cuentas millonarias que se han descubierto mientras los venezolanos "no tienen papel higiénico o pañales, no hay carne en la mayoría de las carnicerías y la criminalidad en los últimos años ha tenido 120.000 asesinatos". 

Además de estas cuentas, Montoya también denunció que, según sus datos, algunas empresas españolas pagaron comisiones al Gobierno de Venezuela para obtener contratos en el país.

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