Juzgado de Ejecución negó casa por cárcel a Scarano y Luchesse

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Valencia, 9 junio 2014.- El abogado León Jurado Laurentín, informó que el Juzgado Séptimo de Ejecución de Caracas a cargo del juez Jesús Gamboa Salazar, le negó los beneficios procesales al ex alcalde del municipio San Diego, Enzo Scarano y al  ex comisario de la Policía Municipal, Salvatore Lucchese, que solicitó la defensa.

 Como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal, los beneficios solicitados por la defensa de Scarano y Lucchese, son: la suspensión condicional de la pena, casa por cárcel o la posibilidad de realizar trabajos en el penal para disminuir la condena que son 10 meses y quince días, acusados por supuestamente haber desacatado una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, que establecía que levantaran las barricadas que habían colocado los habitantes del municipio entre los meses de febrero y marzo pasado.  

El abogado Jurado Laurentín afirmó que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia había remitido el caso al Juzgado de Ejecución al considerar que los detenidos no habían cometido delito alguno, sin embargo, éste dictamina que "las reglas del proceso penal y de ejecución resultan inaplicables para Scarano y Lucchese, razón por la cual fue declarada improcedente la solicitud hecha por la defensa".

– Queda claro que los ex funcionarios públicos son inocentes, ya que contra ellos no se puede aplicar la ley penal,  pero la Sala Constitucional los inhabilitó políticamente aplicando el Código Penal Venezolano, lo cual no se justifica y luce totalmente contradictorio.  

"Según la decisión de este Juzgado, no procede la ejecución de la pena impuesta, ni la realización de los exámenes psicosociales a los detenidos. Esto constituye una violación más, a las leyes y a la Constitución de Venezuela, pero sobre todo, a los derechos humanos de mis defendidos".

Agregó, que esta decisión forma parte del caso que en las próximas semanas será presentado ante los organismos internacionales correspondientes, en resguardo de los derechos pisoteados de Scarano y de Lucchese. 

"Queda una vez más demostrado que en nuestro país no funcionan las instituciones, no se respeta el estado de derecho por parte del Gobierno. Mis defendidos no cometieron ningún delito y así lo estableció la Sala Constitucional, por lo que no deben estar privados de libertad, de manera que se trata de una detención ilegítima y arbitraria".

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