Ni pecado ni delito

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El gobierno ha declarado subversivo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. “Ya los espejitos no son transables” habrá declarado la señora cancillera, ante esta reiteración de vocación imperial. 

Mentar la palabra transición es delito de traición a la Patria, rebelión contra la Constitución y lesa humanidad, incluso, por dictamen unánime e irreversible de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral, del Alto Mando Militar, el comando político de la Revolución, el Poder Popular y el Presidente de la Asamblea Nacional.  Transición, en la primera acepción del diccionario, es “Acción o efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto”. ¿Cómo se hace? Si la lengua se opone lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca, puede desgañitarse el orador en alarde de originalidad. 

Son muchas las palabras que habrá que declarar en franca conspiración fascista y proceder a inhabilitar. Sinónimos de transición son cambio, mudanza y transformación. Antónimos, o sea lo contrario, serían permanente, inmutable, eterno. Pero los gobiernos no son permanentes, eternos, ni inmutables. En Venezuela, según la Constitución, los gobiernos se eligen por períodos y se pueden cambiar por elecciones, para eso se convocan, y los mandatos son revocables, dentro de unas reglas. Lo que sí es inconstitucional es pretender que un gobierno sea eterno e inmutable, o intentar aquello que se intentó el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992.  

Antes que jurídica la cosa es política, y el idioma sirve para entendernos. Lo que se resisten a comprender en los círculos aferrados al poder que heredaron, con legitimidad basada en una proclamada filiación, es que ya ha comenzado una transición. Es el paso de la legitimidad carismática, en la que el difunto concentraba poder de decisión y liderazgo, a la burocrática. Por eso es que Maduro ocupa el lugar constitucional de Chávez pero no su lugar político, problema real que trata de resolverse invocando la presencia del ausente o con más o menos sórdidos arreglos que remienden pleitos palaciegos. Pero, en la Constitución está la solución, porque debe ser garantía para todos y no burladero de un grupito. 

Por responsabilidad política no suscribo el acuerdo de la transición, pero  rechazo  que la palabra o la idea sean pecaminosas o sediciosas.  Amenazar o apresar a alguien por hablar de transición es una grave injusticia. 

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