Ojo por Ojo

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“El mediocre rechaza el diálogo, no se atreve a confrontar con el que piensa distinto. Es fundamentalmente inseguro y busca excusas que siempre se apoyan en la descalificación del otro. Carece de coraje para expresar o debatir públicamente sus ideas, propósitos y proyectos. Se comunica mediante el monólogo y el aplauso”. Tomado de “El hombre mediocre”, de José Ingenieros (1877- 1925) fue un médico siquiatra, criminólogo, escritor y docente ítalo-argentino.

 

 Desde que el finado botó al embajador americano con estas finas palabras: “¡Váyanse pal’ carajo, yanquis de mier..!”, en un mitin en Puerto Cabello en 2008, las relaciones con Estados Unidos, que ya venían averiadas desde los sucesos de 2002, hicieron aguas para nunca más volver a su cauce regular. 

En Venezuela ninguna noticia dura más de dos días y un nuevo escándalo tapa al anterior. Vivimos montados en una montaña rusa de sobresaltos que nos hace improductivos y “más nerviosos que un bistec de a medio”, dicho viejísimo de mi abuela. Ya no se habla de López, de Ledezma, de los presos políticos ni, de escasez. Estamos enfrascados en una guerra galáctica nada menos que con el imperio. Por supuesto, esta guerra no es más que un videojuego inventado por los revolucionarios para distraernos de lo que no se nos debe olvidar: López, Ledezma, presos políticos, escasez y todos los problemas y abusos con los que convivimos diariamente los venezolanos. 

Después de años de idas y venidas, igual que el pitbull paciente que termina por “bombear” al chihuahua que le ladra todos los días mordiéndole las orejas y pisándole el rabo, Estados Unidos tuvo finalmente una reacción, no solo al aluvión de improperios y acusaciones con que lo bañan diariamente los funcionarios rojos, sino a las investigaciones que desde el año 2006 realiza el Departamento del Tesoro, apoyados por tribunales y fiscalías norteamericanas, y que involucran a miembros del gobierno y de las fuerzas armadas venezolanas en presuntos hechos de lavado de dinero, narcotráfico, comisiones, cuentas sospechosas y otros ilícitos, algunos de los cuales han sido enjuiciados y sentenciados, como el caso Illaramendi que destapó el desfalco de los fondos de pensiones de PDVSA, utilizados y perdidos en la bolsa de Wall Street.

La decisión del presidente Barack Obama de por primera vez actuar fue impulsada por las denuncias de violaciones graves a los derechos humanos por parte de funcionarios del gobierno venezolano, un delito internacional que no conoce de tiempo, lugar ni soberanías. Unido esto a los indicios de corrupción que representan un peligro institucional para su país, Obama firmó una “orden ejecutiva” en la que declara que hay un estado de emergencia, por lo que obtiene ciertos poderes excepcionales que le permiten imponer sanciones o congelar bienes, sin tener que pasar por la autorización del Congreso.

En años recientes, Estados Unidos ha declarado estados de emergencia en países que considera “no amistosos”, como Ucrania, Sudán del Sur, República Centroafricana, Yemen, Libia, Corea del Norte o Somalia. Esta no es una declaración de guerra sino al decir de los diplomáticos consultados es más bien una declaración de “no guerra”: lograr detener ataques inamistosos contra Estados Unidos a través de aplicación de sanciones a individuos o incluso a instituciones.

Estados Unidos considera un “peligro potencial” a países no democráticos y con políticas violatorias de derechos humanos. Fuentes del Departamento del Tesoro, que ya ha sancionado con suspensión de visa y congelamiento de bienes a unos 35 funcionarios venezolanos, cuyos nombres no revela, dicen que los sancionados son considerados una “amenaza a la seguridad nacional”. Mismo término usado por la Casa Blanca para sancionar a 7 funcionarios venezolanos, entre los que están el director del cuestionado SEBIN (designado ministro del Interior por el presidente, como premio por haber sido sancionado por el imperio); el director de la Policía Nacional Bolivariana; el director de la CVG y ex comandante de la GNB; el Inspector General de la FANB  y la fiscal acusadora de María Corina Machado, Diego Arria, Henrique Salas Rômer y  Antonio Ledezma.

Esta medida ejecutiva de Barack Obama, que se inscribe dentro del derecho que tienen los países a permitir o no el ingreso de ciudadanos extranjeros y de impedir transacciones en el país en el curso de investigaciones criminales, parece ir en concordancia con las medidas tomadas por el Departamento del Tesoro y con la “Ley para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil de Venezuela” que el presidente Obama firmó el 18 de diciembre de 2014 luego de su aprobación por el Congreso norteamericano.

Precisamente, los siete funcionarios sancionados están vinculados a los aparatos de seguridad a los que se responsabiliza de los excesos cometidos en la represión de las manifestaciones de 2014 que dejaron 43 muertos, cientos de heridos y más de dos mil detenidos. También se les acusa de intimidación a la oposición, mediante tratos inhumanos, torturas y cárcel a los opositores. Las restricciones a la libertad de prensa e irrespeto a la vida humana son acusaciones que afrontan los reos de sanciones. Según el derecho internacional, las violaciones a los derechos humanos son reclamables y exigibles por cualquier país u organización. 

Las sanciones son personales y por lo tanto no afectan las relaciones comerciales con Estados Unidos, país al que Venezuela vende el 51% de su petróleo y prácticamente el único que paga su factura en efectivo y no con caraotas, pañales o papel tualé. Pero el día que se anunció la acción ejecutiva de Obama, la cesta venezolana bajó su precio en el mercado, que es cobarde ante las incertidumbres políticas. 

Pero esto no es lo que más puede afectar la ya resentida economía venezolana. Necesitada de divisas, de inversiones y de confianza, la semana pasada el gobierno venezolano en un arranque de “yo soy tan presidente como usted”, ordenó reducir el personal de la embajada americana en Caracas, la más grande de Latinoamérica. Impuso visas a todos los norteamericanos que quieran venir a Venezuela, medida que en un país urgido de dólares, rechaza y pone trabas a quienes pueden aportarlos. De paso, el gobierno ejerce el derecho que hoy protesta, de quitarle la visa a un grupo de congresistas promotores de la ley firmada por Obama, al ex presidente George Bush (debe ser para vengar al finado) y a otros funcionarios norteamericanos. 

Los vaivenes han incluido expulsiones de funcionarios diplomáticos estadounidenses, replicado por similares expulsiones de diplomáticos venezolanos de Washington. Este “ojo por ojo” en las relaciones entre ambos países puede dejar tuertos a terceros inocentes. Como el caso del cierre del consulado de Miami en 2010, cuando la cónsul fue cuestionada y expulsada por USA y la venganza de Venezuela fue dejar sin consulado a la comunidad de venezolanos en Florida, la más numerosa en el exterior.

Las reacciones del gobierno han sido bravuconas. Ningún intento de explicación por vía diplomática, de diálogo o de canales convencionales de arreglo. El presidente decidió que Obama quería derrocarlo y por eso pidió una “Ley Habilitante antiimperialista” a la Asamblea Nacional para ¡defender la paz! y Diosdado, que anuncia que estas sanciones son la antesala de un ataque con bombas, se apresura a dársela y así no trabajar tampoco este año. Además de adelantarse a la evidente pérdida del control de la Asamblea Nacional; están haciendo lo mismo que el finado cuando un mes ante de posesionarse la actual Asamblea, pidió una Habilitante para dejarla sin acción.

La irreversible Lucena con su acostumbrada cara fresca dijo que era un plan para suspender las elecciones, que por cierto ella ni siquiera ha anunciado. El Defensor del gobierno, Tareck, dijo cual el Chavo: “No nos importan las sanciones porque no tenemos visa”. 

A todas éstas, ya se les olvidó que todavía estamos en los diez días de ferias patronales por el segundo año de la siembra de la semilla. Y el presidente ha convocado el 14 de marzo a la fuerza armada, las milicias y el pueblo mesmo a unos “ejercicios militares defensivos para que a nuestra patria no la toque nunca la bota yanqui”. Dijo que él estaría al frente de ese operativo militar.

Parece silbadera en la noche oscura para espantar el pánico. Ni siquiera el heredero vestido de militar con casco y bayoneta podrá distraer la atención de dos graves informaciones que se producen en este momento: la intervención del banco de Andorra, acusado de ser utilizado como pantalla de compañías que desviaban fondos de PDVSA y el anuncio de que Venezuela va a empeñar ¡en el imperio de Wall Street! onzas de oro de sus reservas internacionales a un plazo de cuatro años, para que le den 1.600 millones de dólares de inmediato. Huele a chamusquina. 

 

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