ONU condenó al TSJ por violar pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos

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Redacción Internacional, 04 diciembre 2014.- El Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió un dictamen donde el Tribunal Supremo de Justicia violó el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativo al derecho a ser oído por los tribunales, por una denuncia presentada con motivo de un caso laboral del año 2000.

La denuncia impuesta por Emilio Enrique García Bolívar, contra del bufete de abogados Norton Rose Fulbright donde al parecer laboran Emira Elisabeth Eljuri Ramírez y Ana Victoria Perdomo Bazán ha estado a la espera de sentencia por más de 14 años en el TSJ.

El denunciante alegó que la participación de hijas de funcionarios del gobierno y magistrados estaba originando el retraso del proceso. Del dictamen se desprende que la alusión del denunciante es a la hija de Elías Eljuri, presidente del INE y a la hija del magistrado emérito Juan Rafael Perdomo.

Norton Rose Fulbright, el mismo bufete que representa a Exxon Mobil y Conoco Phillips en demandas de arbitraje internacional en contra de Venezuela por  un monto cercano a los 30 mil millones de dólares de los Estados Unidos de América.

El dictamen indica que el Comité considera que las dilaciones del proceso no son imputables a la conducta del autor o a la complejidad del caso, sino principalmente a la conducta de las autoridades del Estado parte, incluyendo a las autoridades judiciales. En consecuencia, el Comité consideró que el proceso del autor sufrió dilaciones incompatibles con lo dispuesto en el artículo 14, párrafo 1.

Según el dictamen el Estado parte tiene la obligación de proporcionar al autor una reparación efectiva, en particular:

a) asegurar que el proceso cumpla con todas las garantías judiciales previstas en el artículo 14, párrafo 1 del Pacto, en particular en cuanto a la necesidad de dictar una sentencia en los más breves plazos.

b) conceder al autor una reparación, en particular en forma de una indemnización adecuada.

El Comité indicó que desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el dictamen. Se pidió asimismo al Estado parte que publique el dictamen del Comité y que le dé amplia difusión.

A la fecha, no se ha podido verificar si el Estado venezolano ha cumplido el dictamen del Comité, ya que la última actuación del TSJ fue un cómputo indicando que habían transcurrido más de 1600 días de despacho desde que la Sala de Casación Social se avocó a decidir la demanda.

La investigación ha encontrado que otro juicio en contra de Norton Rose Fulbright que se encuentra en la Sala de Casación Social del TSJ, también he tenido un retraso de más de 14 años, por lo cual el Estado venezolano ha sido denunciando ante la CIDH.

Fuentes consultadas han indicado que el Estado pudiese ahora intentar procedimientos por obstrucción de justicia en contra de los representantes de Norton Rose Fulbright.

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