Valencia,
25 de Junio de 2008
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Crónicas de Disidencia Inhabilitaciones e integridad constitucional Domingo Alfonso Bacalao La Constitución es la ley suprema de la República, y si alguna otra norma jurídica entra en contradicción con ella se deshecha y se aplica preferentemente la norma constitucional, según el conocido mecanismo de control difuso de la constitucionalidad, consagrado en el artículo 334 constitucional actual. Esta es tarea específica de los jueces de la República, pero debe saberlo el Contralor y las demás instituciones del país, concretamente el CNE, para actuar correctamente en defensa de la integridad constitucional. Ahora bien, este es un punto que se presta ampliamente para considerar el alto grado de irrespeto que se tiene por el orden constitucional en las altas esferas del régimen chavista. El máximo instrumento jurídico se viola permanentemente y se ha hecho del orden social un caos que no guarda ninguna correspondencia con los valores supremos de la convivencia humana. La "bicha", como se le conoce en el lenguaje presidencial, ha sido en nuestra historia política más reciente la más ultrajada y escarnecida, al punto de desconocerse sus más elementales valores en lo concerniente al simbolismo cívico que ella representa. En esta oportunidad la agresión mayor y más grave proviene del propio ordenamiento institucional de la República y descansa en el llamado Poder Ciudadano, presidido en esta ocasión por el Contralor, y que tiene entre una de sus funciones más importantes "el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado". øEs que el contralor Russián no conoce, entonces, el propio ordenamiento jurídico que rige sus funciones? øA tal extremo de decrepitud moral y jurídica está llevando a la nación el desconocimiento alegre de un alto funcionario en relación con sus propias atribuciones y deberes? A esto debemos agregar que los órganos que ejercen el Poder Ciudadano -entre los cuales se encuentra la Contraloría- tienen a su cargo "investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa". Estas circunstancias que estamos atravesando reflejan con enorme claridad el alto grado de descomposición institucional a que está llegando el ordenamiento estatal. Más delicado aún se torna el asunto cuando se convierte al Estado y al conjunto de sus instituciones, desnaturalizando sus fines y funciones, en factor de persecución política contra los ciudadanos y la disidencia democrática. Las inhabilitaciones y la suspensión de los derechos políticos es una práctica común de los regímenes autoritarios y militaristas, con lamentable incidencia en la realidad latinoamericana. Frente a esta praxis totalitaria la sociedad democrática debe sumir un comportamiento firme y consistente, moviendo y orientando las energías populares de resistencia ciudadana y democrática. Tolerar pasivamente tal actuación de los órganos del poder público aumentará peligrosamente la escalada antidemocrática del gobierno. La debilidad del control jurisdiccional sobre los órganos del Estado y la complicidad ante los abusos del poder potenciará los peligros de una quiebra severa de la legalidad que arrastre lo que queda de vida democrática en el país. La integridad de la Constitución depende en última instancia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia -control concentrado- como jurisdicción constitucional La nación estará muy pendiente de sus decisiones.
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