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Estima que norma actual sólo prevé sanciones administrativas Fiscal general propone crear ley contra
delitos mediáticos Durante la transmisión de su programa semanal transmitido en Radio Nacional, Ortega Díaz cuestionó la publicación de algunos mensajes en diferentes periódicos, en los que se observa a una mujer embarazada, cubriéndose sus partes íntimas, acompañada por un texto que cuestiona la Ley de Propiedad Social. La fiscal general aseguró que a través de "publicidades engañosas" no se puede seguir engañando a los ciudadanos, y recalcó que este tipo de campañas generan angustia, zozobra, miedo y pánico en la población. "Nosotros ciertamente tenemos varias investigaciones, entre ellas la solicitada por las madres miembros de la Red de Consejeros de Defensores de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, donde denuncian que se están desarrollando conductas, que es probable que no estén tipificadas como delito, sino que la responsabilidad tenga como consecuencia la sanción administrativa", comentó. En principio, para la fiscal general algunas conductas desplegadas por los medios de comunicación podrían estar enmarcadas dentro del artículo 296 del Código Penal, que establece que "todo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial, televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios, cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra, será castigado con prisión de dos a cinco años". Ortega Díaz informó que funcionarios de su despacho ya están analizando las acciones que contra este tipo de acciones puede aplicar el Ministerio Público. "Los medios de comunicación tienen que ser para educar, distraer, recrear e informar objetiva, imparcial y verazmente", acotó.
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Caracas, julio 3 (Felipe
González Roa).- La fiscal general de la República, Luisa Ortega
Díaz, anunció que el Ministerio Público solicitará
a la Asamblea Nacional la redacción de una ley que sancione los "delitos
mediáticos", tras asegurar que las normativas vigentes actualmente
únicamente establecen penas administrativas contra las actuaciones
de los medios de comunicación, pero no tipifican penalmente sus acciones.