Academia
de Ciencias Políticas cuestiona medidas del gobierno
"Expropiaciones no deben ser un instrumento
de represalia"
Foto: Archivo Notitarde
Caracas, febrero 8 (Felipe
González Roa).- La Academia de Ciencias Políticas y Sociales
cuestionó la forma como el Ejecutivo Nacional ha ordenado la expropiación
de una serie de propiedades y bienes y recordó que este mecanismo
no debe emplearse como un instrumento de represalia o castigo contra determinadas
personas o grupos económicos.
A través de un comunicado público los juristas
que integran la instituciones aseguraron que las medidas adoptadas por el
Ejecutivo Nacional violan los principios previstos en la Constitución,
y vulneran las garantías al derecho a la propiedad privada.
"A tales ocupaciones no es posible calificarlas de
expropiaciones", señaló el escrito, que recordó
que el gobierno debe dar cumplimiento a una serie de trámites para
tomar posesión de un bien o propiedad particular.
"La expropiación no es la adquisición
particular o casuística de bienes concretos, sino la satisfacción
de fines colectivos o sociales de declarados de utilidad pública
o social", apuntó el comunicado, suscrito por el presidente
de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Román Duque
Corredor.
El comunicado resaltó que la expropiación
no debe resultar más dañina para la productividad y el empleo.
Recalcó que las autoridades, al concretar estas medidas, deben respetar
el debido proceso, garantizando el pago justo y la oportuna indemnización.
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales criticó
que en las recientes expropiaciones implementadas por el Ejecutivo hayan
sido ordenadas a través de los medios de comunicación, y que
se utilizaran fuerzas militares para la ocupación de las propiedades.
"La ocupación, como anticipo de la expropiación,
se efectuó sin que se hubiera finalizado el procedimiento administrativo
que determine en forma definitiva la existencia de la supuesta infracción,
lo que impidió el ejercicio del derecho de defensa por los supuestos
infractores", indicó.
Cuestionó que la Asamblea Nacional no haya hecho
la declaratoria de utilidad pública de los bienes ocupados, ni se
haya llevado a cabo un procedimiento administrativo.

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