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Academia de Ciencias Políticas cuestiona medidas del gobierno "Expropiaciones no deben ser un instrumento
de represalia" A través de un comunicado público los juristas que integran la instituciones aseguraron que las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional violan los principios previstos en la Constitución, y vulneran las garantías al derecho a la propiedad privada. "A tales ocupaciones no es posible calificarlas de expropiaciones", señaló el escrito, que recordó que el gobierno debe dar cumplimiento a una serie de trámites para tomar posesión de un bien o propiedad particular. "La expropiación no es la adquisición particular o casuística de bienes concretos, sino la satisfacción de fines colectivos o sociales de declarados de utilidad pública o social", apuntó el comunicado, suscrito por el presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Román Duque Corredor. El comunicado resaltó que la expropiación no debe resultar más dañina para la productividad y el empleo. Recalcó que las autoridades, al concretar estas medidas, deben respetar el debido proceso, garantizando el pago justo y la oportuna indemnización. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales criticó que en las recientes expropiaciones implementadas por el Ejecutivo hayan sido ordenadas a través de los medios de comunicación, y que se utilizaran fuerzas militares para la ocupación de las propiedades. "La ocupación, como anticipo de la expropiación, se efectuó sin que se hubiera finalizado el procedimiento administrativo que determine en forma definitiva la existencia de la supuesta infracción, lo que impidió el ejercicio del derecho de defensa por los supuestos infractores", indicó. Cuestionó que la Asamblea Nacional no haya hecho la declaratoria de utilidad pública de los bienes ocupados, ni se haya llevado a cabo un procedimiento administrativo.
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Caracas, febrero 8 (Felipe
González Roa).- La Academia de Ciencias Políticas y Sociales
cuestionó la forma como el Ejecutivo Nacional ha ordenado la expropiación
de una serie de propiedades y bienes y recordó que este mecanismo
no debe emplearse como un instrumento de represalia o castigo contra determinadas
personas o grupos económicos.