EDICION 26 ANIVERSARIO
Valencia,
9 de Agosto de 2002
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 EditorialNotitarde C.A. |
Pero los venezolanos queremos vivir en democracia y no quisimos aceptar la ruptura del hilo constitucional. Los sucesos del 11 de abril representaron un grito de desesperación de la sociedad. De una sociedad que quiere vivir en democracia y libertad. Queríamos que se retomara la institucionalidad -rota por el gobierno- y por eso nos sentimos tan decepcionados, se anunció algo que no era necesario y que terminó por frustrar una oportunidad extraordinaria para salir de la difícil situación en la que estamos sumidos. Sin embargo, el 11 de abril fue a la vez un día maravilloso y trágico en la historia de Venezuela. Muy pocas veces en la historia de la humanidad se ha producido una manifestación tan numerosa y a la vez armoniosa. Codo a codo, centenares de miles de venezolanos de todas las clases sociales y de las más diversas formas de pensar, se unieron espontáneamente en una manifestación común de rechazo a las acciones del gobierno. Y es que todos entendemos que no puede ser democrático, un gobierno que intenta imponer cambios profundos en el modo de vida de la sociedad, en contra del sentimiento mayoritario de los miembros de esa sociedad. Aquí, vale la pena detenernos para preguntarnos ¿puede ser democrático un gobierno que actúa así?, ¿qué es realmente la democracia? En primer lugar hay que decir que la democracia no es nueva. Proviene de las palabras griegas DEMOS, que significa pueblo y KRATOS, que quiere decir autoridad. Se trata del "gobierno del pueblo", o sea aquella organización que se dieron las ciudades-estado griegas en las que las funciones legislativa, ejecutiva y judicial estaban desempeñadas; la primera, por la Asamblea de los Ciudadanos y las otras dos, por magistrados y jueces elegidos por los ciudadanos. Casi medio siglo antes de Cristo, Pericles había organizado la democracia como forma de gobierno en Atenas. Los ciudadanos con derecho a voto integraban el Consejo de Estrategas. Este último a su vez elegía libremente al gobernante. Todavía hoy en día, al visitar Atenas, podemos admirar en la Acrópolis algunas de las maravillas de aquella época de esplendor. Y es que los gobernantes no los recuerda la historia por lo que son capaces de destruir. Los recuerda más bien porque son capaces de desencadenar las fuerzas que ponen en movimiento lo mejor de una sociedad, estimulando el progreso, la prosperidad y el florecimiento de la cultura, de las artes y de las letras. Pero para eso, el gobernante tiene que ser sabio, prudente y culto. En los estados modernos, mucho más populosos y geográficamente más extendidos que las polis de la antigua Grecia, la participación del pueblo en el gobierno se logra a través de la democracia representativa. En este tipo de organización, las leyes son elaboradas por los Congresos de los representantes del pueblo, elegidos periódicamente en sufragios universales. El Poder Ejecutivo, puede estar representado por un Primer Ministro o por un Presidente. El Poder Judicial tiene a su cargo la administración de la Justicia. Los jueces, y en especial los Magistrados de las Cortes o Tribunales Supremos de Justicia, deben estar exentos de cualquier influencia, pero muy particularmente de las que provengan de los otros Poderes Públicos. La existencia misma de la democracia, requiere que se cumplan varios requisitos. El primero de ellos, pero de ninguna manera el más importante, es el sufragio. A través del voto se expresa la voluntad popular, pero para que exista democracia, tienen que darse muchas otras condiciones.
Cuando un Poder domina a los otros, se corre el riesgo de que se instaure una tiranía, basada en un falso concepto de consenso popular. "Le pouvoir arrette le pouvoir", el poder frena el poder, decía Montesquieu. Era por tanto necesario mantener a toda costa no sólo la separación y la independencia, sino que además debía existir un mecanismo de contrapeso entre los Poderes. Hoy en día en Venezuela somos testigos de excepción de la importancia que tenían las palabras de Montesquieu. En nuestro país el requisito de los votos fue cumplido por los actuales gobernantes. Sin embargo, la legitimidad, depende de otros factores. Nuestros actuales gobernantes han perdido legitimidad. Mal pueden ser legítimos quienes después de tanto insistir en la necesidad de modificar la Constitución, comienzan por violarla. Veamos: Mal pueden ser legítimos quienes recurrieron a una supuesta "transitoriedad", que nunca termina, con el objeto de designar, por vías distintas a las establecidas en la Constitución, a los miembros de los otros Poderes Públicos. Mal puede considerarse constitucional, la designación de funcionarios que no cumplen con los requisitos mínimos establecidos en la propia Constitución. Por vía de simples triquiñuelas jurídicas, se realizaron designaciones con el único objeto de complacer los deseos de un Poder dominante. Mal puede funcionar una democracia en la cual quienes ocupan las posiciones claves del Poder Ciudadano, actúan como simples filtros para impedir que prospere ninguna averiguación o acusación que pueda afectar los intereses del Poder dominante. Por esta vía se lesiona otro de los mecanismos indispensables para la existencia de una democracia: el sistema de controles y contrapesos, o "check and balances" como se diría en inglés. Mal puede funcionar una democracia en la cual los representantes del Poder Judicial están dispuestos a alargar la duración del período presidencial, recurriendo para ello a sofismas jurídicos que no son capaces de engañar ni al más lego, pero que dicen mucho sobre la falta de independencia de quienes deberían ser los garantes del cumplimiento de la Constitución. Todos los casos antes citados constituyen una insubordinación en contra de la Constitución y es por eso que el Gobierno ha perdido legitimidad. Además, los Poderes Públicos han conspirado contra su propia majestad y al hacerlo, han perdido el respeto de la ciudadanía. Lamentablemente, estamos siendo tristes testigos de unos Poderes que se pliegan a los más mínimos deseos de un Poder dominante. Se corre el riesgo de que se pierdan las libertades públicas. Tal como temía Montesquieu, podemos caer en la instauración de una tiranía basada en un falso concepto de consenso popular. Al violar la Constitución, el Gobierno ha roto su parte del compromiso dentro del Contrato Social al cual se refería Rousseau en el Siglo XVIII. Se preguntaba Rousseau, ¿con qué derecho un hombre puede ejercer autoridad sobre otros hombres?. Y él mismo respondía que esto sólo se podía lograr a través de un Pacto Social libremente aceptado por todos. Agregaba además, que siendo el pueblo soberano, podía ejercer su soberanía a través de un gobierno que podía ser revocado si violaba el Contrato Social. Eso precisamente es lo que ha ocurrido en Venezuela. En igual sentido que Rousseau se pronunciaba Locke, filósofo inglés del siglo XVII, quien en su obra "Dos Tratados del Gobierno", señalaba que los ciudadanos tenían el derecho de retirar la confianza que habían depositado en el gobernante, cuando este no era capaz de cumplir con el compromiso que había asumido con ellos. Quizás las opiniones de Rousseau y de Locke sirvieron de base al Artículo 350 de la Constitución, en el cual se establece que el pueblo puede desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. Nuestra Constitución ha sido violada de manera reiterada por el Gobierno y por eso el 11 de abril, centenares de miles de venezolanos marcharon hacia Miraflores para reclamar el respeto a la misma. Lamentablemente aquella marcha pacífica concluyó con los sucesos que todos conocemos. Lamentablemente, el Inspector General de las Fuerzas Armadas anunció al país que se le había pedido la renuncia al Presidente y que éste la había aceptado. Hubo que llenar el vacío de poder designando a un Presidente Interino, un hombre honesto, ponderado y respetable, pero que sin que fuese necesario, disolvió los Poderes Públicos, incluyendo los electos popularmente. En todo caso, la forma como se produjeron los acontecimientos desembocó en la ruptura del hilo constitucional, que no era necesaria.
Que irónico, que el único Jefe de Estado que había presentado objeciones a la Cláusula Democrática aprobada en Quebec, resultase ahora favorecido por ella. Tal como antes lo afirmé, las autoridades de Venezuela cumplieron con el primer requisito formal establecido en la Carta Democrática Interamericana. Es decir, son el resultado de la "celebración de elecciones libres como expresión de la soberanía popular".
Al leer detenidamente el Informe del Secretario General de la OEA, resulta evidente que el Gobierno de Venezuela está violando varios artículos de la Carta Democrática Interamericana. Señalaré en primer lugar el Artículo 3, en el cual se establece que además de la celebración de elecciones libres, "son elementos esenciales de la democracia el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales". Son tantos los Artículos de la Carta Democrática Interamericana que se están violando en Venezuela, que resultarían muy largo de enumerar. Simplemente recomiendo a todos su lectura. De la misma se desprende que en Venezuela no están dadas las condiciones para la vigencia de una democracia representativa montada sobre el pluralismo, la tolerancia, la disidencia, la discusión, el diálogo y el consenso. Venezuela está al margen del sistema interamericano. Quizás llegó el momento de que los venezolanos, siguiendo los consejos de Rousseau y de Locke y basándonos en el Artículo 350 de la Constitución, nos dispongamos a reclamar la instauración de una verdadera democracia.
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Que los venezolanos no estamos satisfechos
con la forma como se viene desempeñando el gobierno, resulta evidente.
Después de haber consumido cerca de 85.000 millones de dólares
en los últimos tres años, 75.000 de ellos provenientes de
ingresos petroleros y cerca de 10.000 por vía de endeudamiento, la
economía venezolana se encuentra al borde del colapso. Casi ocho
de cada diez venezolanos carecen de un empleo formal. La economía
está prácticamente paralizada. No hay confianza ni seguridad
en cuanto al respeto de los derechos a la propiedad. Al no haber confianza,
no hay inversiones. La falta de inversiones contribuye a que el desempleo
crezca, con lo cual cae el consumo, lo que a su vez se traduce en mayor
desempleo, ya que las fábricas se ven obligadas a frenar la compra
de insumos y a despedir a sus trabajadores al no poder vender los bienes
que producen. Se trata de un círculo vicioso de empobrecimiento.
A lo anterior hay que agregar ahora una maxidevaluación fiscalista
y la inflación que ahora campeará por sus fueros. Es por eso
que el número de pobres ha crecido.
Montesquieu, filósofo francés
del siglo XVIII, trató ampliamente el tema en su libro El Espíritu
de las Leyes. Señalaba Montesquieu, que en los Estados capaces de
promover de manera más efectiva la libertad, los Poderes están
totalmente separados entre sí y actúan de manera absolutamente
independiente. Ningún Poder debe tener preeminencia sobre los otros.
Coincidieron además esos sucesos con
la reunión que se llevaba a cabo en Costa Rica del Grupo de Río.
Los Jefes de Estado allí reunidos, independientemente de otras consideraciones
con respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela, tuvieron que
adaptarse a lo que se había decidido en la Tercera Cumbre de Jefes
de Estado de la Américas, en Quebec. En aquella ocasión la
Asamblea General había aprobado la llamada "Cláusula
Democrática", en la cual se establecía que "cualquier
alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático
en un Estado Miembro de la OEA constituye un obstáculo insuperable
para la participación de dicho Estado en las sesiones de la Asamblea
General..."
Sin embargo, las elecciones libres no constituyen
el único requisito establecido en la citada Carta Democrática
Interamericana. De hecho, del informe presentado por el Secretario General
de la OEA, César Gaviria, se desprenden serias dudas con respecto
al cumplimiento de otros requisitos igualmente importantes.