EDICION 26 ANIVERSARIO
Valencia,
9 de Agosto de 2002
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 EditorialNotitarde C.A. |
A la caída del general Marcos Pérez Jiménez, dictatorial, despótico, sostenido por el terror, Venezuela, sin embargo, se encontró con una infraestructura física avanzada y una economía saneada apta para emprender un desarrollo con libertades, un crecimiento económico substancial y de profundo contenido social, es decir, armónico. Los partidos políticos, sucesores de la dictadura e instrumentos insoslayables para el mantenimiento de una democracia, a más de no erradicar los métodos de persecución, atropellos y crímenes de la tiranía, emprendieron una política contraria a un verdadero desarrollo económico y social. A partir de 1958, se estableció una política de sustitución de importaciones para una pequeña población de alrededor de diez millones de habitantes, para lo cual se hizo necesario amurallar el país de toda clase de protección, arancelaria y para-arancelaria, a la reducida economía, en lugar de extenderla hacia los mercados foráneos, por medio de la creación de una industria manufacturera y de servicios, dadas las ingentes riquezas que ha poseído el país. El punto de partida de una política de desarrollo es la creación constante y creciente de fuentes de trabajo que sólo pueden lograrse mediante la instauración de empresas manufactureras públicas, privadas o de otra naturaleza; pequeñas, medianas o grandes, capaces de ampliar el mercado hacia fuera con productos elaborados o semielaborados. Por el contrario, se estableció una política de exportación de todas nuestras materias primas mineras, cuando, como ideal, por lo menos, debían estar destinadas a ser manufacturadas en el país, a sabiendas de que ningún país del mundo se ha desarrollado exportando sus materias primarias -política de corte colonial- sino procesándolas, no tanto por el valor agregado que genera, sino por la mano de obra que crea. Un país desarrollado es un país manufacturero. Un país subdesarrollado es un exportador de materias primas. Optamos por el subdesarrollo. Esta política condujo a la escasez de ofertas de trabajo, por lo que llevó al gobierno y a los partidos políticos a aumentar la burocracia para satisfacer su clientela partidista, para lo cual fue necesario copar todas las empresas e instituciones del Estado y convertir al país en uno de los más burocratizados del mundo y, por supuesto, con un empleo mal remunerado. Tales políticas acrecentaron la pobreza, incrementaron la marginalidad, los ranchos, el desplazamiento de la población rural hacia los centros urbanos, la injusticia social se extendió, así como se acentuaron la indigencia, la insalubridad, las enfermedades y el hambre. Se logró el fenómeno de convertir al país de uno de los más ricos del mundo, por lo menos, en términos relativos, y, al mismo tiempo, de los más empobrecidos. La administración de la política económica por vía burocrática y la falta de aplicación de normas y procedimientos de resguardo moral desataron una corrupción desbordada, cuyos beneficiarios han sido: una reducida clase económica, hoy soliviantada, y una clase política, con un bienestar económico difícil de explicar invocando el trabajo, desconocido para una gran proporción de ella. El control político de las instituciones, como ocurre en casi todos los países de América Latina, creó unas murallas de protección de una institucionalidad viciada imposibles de modificar por los medios normales de una democracia bajo el control absoluto de los partidos políticos. Todo intento de transformación por esa vía resultó fallido. Sólo un poder superior podía lograrlo: o el militar cuyas consecuencias todos conocemos o el poder del pueblo a través de su potestad constituyente, como se utilizó en Venezuela para elaborar una nueva Constitución, donde se estableció una nueva institucionalidad, verdaderamente democrática y se planteó la reestructuración de las organizaciones políticas y del corrompido sindicalismo. Por medio de ella la democracia adquirió un sentido social, el pueblo pasó a ser protagónico del sistema y el texto constitucional traza los lineamientos de un país libre y progresista. Es desde aquí cuando comienza el proceso que condujo a los acontecimientos del 11 de abril. Las clases consolidadas durante cuarenta años que detentaron el poder, ahora desplazadas y no satisfechas de haber destruido al país, comenzaron a organizarse y a entorpecer la gobernabilidad, favorecidas por una excesiva tolerancia del gobierno, que si bien lo convierten entre los más respetuosos de los derechos humanos en el mundo y de los principios democráticos, como no se conocía en Venezuela desde el derrocamiento del general Medina Angarita en 1945, crea su propia vulnerabilidad. Envalentonada la oposición a falta de riesgos que correr y con la colaboración de casi todos los medios de información con "una de las más odiosas campañas mediáticas jamás llevadas a cabo contra un gobierno democrático" (Le Monde Diplomatic. Número 39, junio 2002), se produce el grotesco golpe de estado fascista del 11 de abril. En los días sucesivos, en confabulación mafiosa, se escribe la más negra página de nuestra historia, destruida en horas por la conjunción del pueblo llano y nuestra Fuerza Armada, respetuosa de la institucionalidad democrática. ¿Qué ha de ocurrir en el futuro inmediato o mediato? Otra pregunta que se formula NOTITARDE. En un país donde la barbarie la asumen exponentes de su cultura, llamando abiertamente a una guerra civil con sus cuarenta o cincuenta mil muertos posibles, entre los que no se encontrarán sus predicadores ni sus familiares, sino el pueblo, porque sabrán ponerse a buen resguardo una vez estalle; o se llame a asesinar al Presidente "con armas de fuego, envenenamiento o puñal," a la usanza medieval, la desgracia de la incertidumbre no se puede descartar. Sin embargo, es de esperar que la unidad del pueblo y la Fuerza Armada conservará la democracia y la institucionalidad.
Las otras soluciones conducirían a la violencia, cuyas consecuencias son inimaginables. Asesinando al Presidente como ya lo proponen imprudentemente algunos intelectuales. Sin que nadie haya manifestado el horror que tal crimen significaría. O presionando al Tribunal Supremo de Justicia para seguir un juicio político contra el Presidente, a pesar de lo fiel que ha sido con el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de los principios de una democracia, sin antecedentes en la historia de Venezuela, con la sola excepción equiparable del gobierno del general Medina Angarita. En estos casos, el pueblo venezolano, en su gran mayoría ya enfurecido, pasará la cuenta a los cultores de la desgracia nacional, prácticamente, desde los orígenes del país como República. Lisboa, julio 2002
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Ningún hecho histórico
se produce aisladamente, como esos aerolitos que entran en la atmósfera,
atraviesan el firmamento y se extinguen en medio del océano. Las
preguntas que hace "NOTITARDE" en su fecha aniversaria tiene sus
antecedentes que es necesario explicar, por lo menos, desde cierto punto
de partida reciente.
La crisis actual, de acuerdo con la Constitución
vigente, puede concluir de las tres maneras siguientes: en primer lugar,
conforme a su artículo 233, el Presidente puede renunciar y convocar
a nuevas elecciones en treinta días o noventa si la anuncia con sesenta
días de anticipación. En este caso la oposición no
concurriría a dichas elecciones, por la simple razón de que
los grupúsculos que la forman no podrían ponerse de acuerdo
por falta de liderazgo y los candidatos serían múltiples.
Cada quien lo que busca es apoderarse del poder. En segundo lugar, promoviendo
una enmienda a la Constitución y estableciendo el "ballotage".
De esta manera, cualquiera que sea el número de candidatos de la
oposición solamente el más votado concurriría a la
segunda vuelta de las elecciones; pero por esta vía con la solicitud
del 15% del electorado o la tercera parte de la Asamblea Nacional se puede
tomar la iniciativa tal como la pauta el Artículo 341 de la Constitución,
en cuyos casos la enmienda tendría que ser aprobada por dicha Asamblea
y sometida a referéndum aprobatorio, lo que tardaría cerca
de dos años. Creer que el Consejo Nacional Electoral puede convocar
a referéndum con la sola firma de la iniciativa popular es una ilusión
anticonstitucional y fuera de toda lógica jurídica. Así
lo resolvería el Tribunal Supremo de Justicia. Y, finalmente, la
tercera opción institucional es la de esperar un poco más
de un año y convocar el referéndum revocatorio, lo que no
requiere modificación alguna de la Constitución, pero el pueblo
emitiría su opinión que cabe suponer podría no ser
favorable a la minoría opositora, enloquecida como está por
el odio.