Notitarde C.A. |
A partir del 10 de diciembre de 2001, se viene haciendo cada vez más evidente la insalvable diferencia entre el estilo anti-democrático y caudillesco de Chávez y la sólida convicción democrática de la mayoría de los venezolanos, fruto de un siglo de convivencia pacífica, durante el cual se fueron desarrollando multitud de instituciones modernas. Chávez no cree en el diálogo. Esto ha obligado a la sociedad civil a recurrir a paros, marchas y huelgas, único lenguaje que Chávez parece entender. Chávez no cree en las instituciones, por eso intenta anularlas o desacreditarlas. Chávez no acepta críticas ni discrepancias, de ahí su enfrentamiento permanente con la Iglesia, los intelectuales, los periodistas y los medios de comunicación social. Esta falta de convicciones democráticas explica su conflicto permanente con la sociedad organizada; su rechazo a un sistema de poderes públicos equilibrados, su pretensión de controlar el Poder Judicial e imponer sus decisiones y su negativa a rendir cuentas de su gestión y explicar el uso que les ha dado a los recursos que el país le ha confiado.
LAS CONTRADICCIONES INTERNAS DEL CHAVECISMO: Para entender los sucesos de abril, vale la pena pasear un momento por ese terreno tan variado y contradictorio que es el chavecismo, conformado por cuatro facciones muy distintas entre sí: En primer lugar, la Venezuela sedienta de igualdad y reconocimiento, dispuesta a entregarse, una vez más, en manos de un caudillo redentor, como lo hizo hace dos siglos con Boves y Zamora. En segundo lugar, la vieja izquierda castro-comunista, tiempo atrás desechada por las sociedades modernas, que busca congraciarse con Fidel Castro, Manuel Marulanda, Saddam Hussein y Muammar al-Gadhafi. En tercer lugar, sectores fascistas que han venido anidando en el seno de la Fuerza Armada a la sombra de la Doctrina de Seguridad y Defensa, muy en boga en América Latina en los años setenta, cuando se reformó la educación militar en nuestro país. Y, en cuarto lugar, demócratas que de buena fe creyeron en Chávez y cada día se sienten más incómodos con su intolerancia, su sectarismo y la corrupción desbordada de su régimen. La convivencia entre estos grupos se hace cada día más difícil. Las contradicciones ideológicas entre ellos son insalvables. Sus diferencias en el ejercicio del poder y en la forma de administrar los recursos del Estado son irreconciliables. La utilización de delincuentes y de turbas para intimidar y para amenazar a periodistas, políticos, sacerdotes, dirigentes comunitarios e instituciones, en la más rancia tradición comunista o fascista, es absolutamente indigerible para aquella gente que se vinculó, de buena fe, al chavecismo.
EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROMETIDO:
Para empeorar la situación, lo ideológico, por lo demás superficial y confuso, ha espantado a los inversionistas y ha causado daños irreparables en sectores productivos e industriales del país. Esta situación es inocultable y el desempleo con todas sus drásticas consecuencias es, quizás, uno de los más imperdonables legados que está dejando el actual régimen en Venezuela.
¿Qué ocurrió el 12, 13 y 14 del mismo mes? El Gobierno pierde la noción de la realidad en su intención de deformar la veracidad de la información que se generaba en la calle. Los días que van del 7 al 11 de abril son una de las expresiones más contaminadas en la historia de la libertad de información y expresión que haya vivido país alguno. Con la misma intención de manipulación de información protagonizada en oportunidades anteriores, el Gobierno Nacional intentó, a través de más de 30 cadenas nacionales de radio y televisión, desinformar a la ciudadanía sobre la marcha que se registraba en Caracas, al señalar insistentemente que las protestas eran un fracaso y nada ocurría en la ciudad capital. Cuando se tiene la información de la llegada de la marcha al centro se produce una intervención más del Presidente en otra cadena nacional que, una vez iniciada, comenzó a cabalgar con el inicio de la llamada Masacre de El Silencio. Dos manifestaciones dictatoriales, sin precedentes. Incontables llamadas fueron recibidas en los medios, en las cuales nos señalaban la presencia de francotiradores apostados en edificios como la sede administrativa de la Alcaldía del Municipio Libertador y el del Ministerio de Relaciones Exteriores. La absoluta indefensión de la gente y el abuso sin precedente del Gobierno Nacional, en violación flagrante de la normativa constitucional y legal vigente en nuestro país, obligaron a los medios a dividir la pantalla. Vale resaltar que en el régimen constitucional actual, ni siquiera en momentos de estado de excepción es posible restringir la libertad de información (artículo 337). Hugo Chávez Frías había decidido sacar del aire a las televisoras nacionales de Venezuela, en clara y abierta violación a las disposiciones constitucionales, legales y administrativas vigentes sobre la materia en Venezuela. La desinformación hubiese sido total. Chávez no supo cómo reaccionar frente a la inmensidad de la marcha del 11 de abril. Su falta de formación y de convicción democráticas, sumadas a su desconfianza y temor ante cualquier opinión disidente, lo llevan a tomar una de sus peores decisiones: la aplicación del Plan µvila contra una manifestación pacífica y familiar. Trata de reprimir la marcha democrática con las armas que le han sido confiadas para proteger la vida y los bienes de los ciudadanos y la soberanía de la patria. La ilegalidad y la falta de proporcionalidad son monstruosas. La violación del estado de derecho es tan flagrante que el Alto Mando Militar no acata las órdenes del Presidente. Atemorizado por este desacato a su autoridad, permite que algunos de sus más desquiciados seguidores disparen a mansalva contra la marcha, en uno de los episodios más bochornosos de nuestra historia contemporánea. Frente a estos desvaríos y ante el vacío de poder que se ha creado, el Alto Mando resuelve solicitar la renuncia del Presidente, quien accede a presentarla. Así lo informa al país el general en Jefe Lucas Rincón Romero. A partir de ese momento, se desata una carrera desenfrenada para llenar el vacío de poder existente y declarado. De primero llega un grupo de altos oficiales de la Armada y la Guardia Nacional, quienes encargan de la Presidencia al doctor Pedro Carmona Estanga. êste acepta, sin antes cerciorarse de la viabilidad del gobierno que se le propone. En las horas siguientes se va gestando la caída del gobierno provisional de Carmona. A ello contribuyen diversos factores. En primer lugar, un grupo de gobernadores, alcaldes y diputados demócratas no aprueba el decreto de constitución del nuevo gobierno. En segundo lugar, el Ejército rechaza su exclusión en la conformación del gobierno. En tercer lugar, sectores afectos a Chávez no estaban de acuerdo con esta nueva rendición de su jefe y caudillo y, por último, sectores democráticos nacionales e internacionales no compartían los postulados iniciales del nuevo gobierno. La tolerancia de hechos delictivos registrados contra propiedades y personas es otra de las características del régimen, así como la tolerancia con matones y delincuentes. Hay un dato que no ha sido suficientemente analizado y que, ojalá, la historia logre aclarar. En efecto, en aquellos días se produjeron actos vandálicos contra bienes y personas. Un importante sector comercial del país fue víctima de saqueos, muerte y destrucción. No hubo condena a tales conductas por parte de las autoridades competentes. Por el contrario, un extraño lenguaje lleno de contradicciones y ambivalencias propiciaba la situación de caos que se vivía en la calle. Por otra parte, comenzaron a generarse informaciones, confusas unas, no verificables otras, que eran transmitidas por algunos medios internacionales e incluían la supuesta muerte de importantes agentes del Gobierno. Era imposible determinar qué era cierto y qué era falso. Además, es importante resaltar que para los periodistas venezolanos fue imposible la cobertura de los hechos que se registraban en la calle, pues eran víctimas de una arremetida brutal, en la que participaron algunos funcionarios públicos, que dejó graves precedentes en la historia democrática del país y afectó a los medios de comunicación democráticos.
¿Hacia dónde va el país? Desde hace dos siglos los venezolanos hemos estado persiguiendo la libertad y el progreso. A ratos hemos tenido libertad y democracia, en desmedro del orden y el progreso. Y viceversa. Pero en algunas ocasiones no hemos tenido ni libertad, ni democracia, ni orden, ni progreso. Esas situaciones de bochinche siempre han terminado en una dictadura. êse parece ser el caso que nos ocupa, a menos que el Gobierno y Chávez cambien radicalmente de actitud y la oposición reaccione favorable y positivamente a esos cambios. Veremos una radicalización creciente en la política, tanto entre los amigos del gobierno, como entre sus enemigos. En el bando gubernamental se agudizarán las diferencias entre los cuatro grupos que constituyen su base de apoyo, ya que es mucho más lo que los separa que lo que los une. Del lado de la oposición, se profundizarán las diferencias entre los viejos partidos y los modernos movimientos que van creando las nuevas generaciones de dirigentes políticos y sociales. En el plano internacional, crecerá el repudio del mundo democrático frente a este régimen que prefiere acercarse a Cuba, Libia, Iraq, las Farc y el Foro de Sao Paulo, a profundizar nuestros tradicionales vínculos con los Estados Unidos, Colombia y España. En lo social, seguirá creciendo el rechazo a los círculos chavecistas armados. Aprovechándose del apoyo político que reciben los círculos, continuará la infiltración de paramilitares y delincuentes en los mismos. Lo cual terminará por obligar a la Fuerza Armada a desmantelarlos, ya que no sólo son una amenaza para la paz ciudadana, sino también para su propia integridad y permanencia. La economía informal sufrirá los embates de la devaluación, la inseguridad en las calles y la falta de seguridad social. La corrupción y la delincuencia seguirán haciendo de las suyas, mientras el Gobierno no entienda la importancia de la vigencia del estado de derecho. En lo militar es indispensable regresar al control por parte del Poder Civil de la Fuerza Armada, para que ésta pueda regresar al pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales y la política salga de los cuarteles. En lo económico, el descalabro del Gobierno luce indetenible. El costo de la vida y el desempleo seguirán en aumento, mientras el Gobierno insista en cubrir el déficit fiscal con devaluación. La inversión seguirá sin aparecer mientras el Gobierno no presente cuentas claras ni rinda cuentas de su administración. La globalización seguirá haciendo estragos mientras este Gobierno no aproveche las oportunidades que ella presenta ni promueva una legislación adecuada, que evite sus riesgos. Si queremos minimizar los riesgos antes descritos y evitar la dictadura que se nos viene encima, es preciso iniciar un diálogo democrático, amplio y constructivo, con metas y objetivos muy concretos, supervisado por algún organismo internacional que merezca la confianza de ambas partes. En caso contrario, es mejor dedicarse a preparar la transición con amplitud y prudencia, de manera que el regreso a la legalidad sea posible y nos permita a todos alcanzar los ideales de libertad, democracia, orden y progreso que tanto hemos perseguido, desde que nacimos como República independiente.
|