EDICION 26 ANIVERSARIO
Valencia,
9 de Agosto de 2002
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 EditorialNotitarde C.A. |
CUANDO EL RIO SUENA... El deterioro del sentimiento de lealtad hacia el sistema distributivo, a los gobiernos y a los políticos comenzó a lanzar luces intermitentes desde finales de la década de los setenta, mediante el aumento de la abstención electoral y una matriz de opinión signada por una desconfianza hacia los políticos. El "viernes negro" confirmó la incapacidad de un ingreso petrolero capaz de mantener expectativas y niveles de vida. El agotamiento del modelo rentista lanzaba señales urgentes, exigiendo la profundización de la democracia y en especial la superación del tutelaje estatal, del autoritarismo político y de la exclusión de amplios sectores sociales. Los intentos de reforma del Estado y de la Constitución de 1961 se ven mediatizados por la incomprensión de las aspiraciones crecientes de cambio. Se desconoce que la legitimidad política está relacionada con la eficacia del Estado para mantener las condiciones generalizadas de acceso a la mejora en las condiciones de vida y con la participación y puesta en práctica de la toma de decisiones desde el Gobierno y el Estado. El intento modernizador del ajuste económico que se inicia en 1989 con un país agotado en sus reservas y amplios grupos sociales excluidos de la modernidad, no encuentra organizaciones políticas capaces de superar el desencuentro entre las exigencias de la recomposición de las estructuras económicas y políticas en todos los niveles sociales. De este intento sólo logran salvarse por presión popular algunas reformas políticas relacionadas con la descentralización que favoreció la inserción de la sociedad civil en la gestión pública y experiencias locales exitosas. La alerta definitiva se hizo patente con el rechazo de las candidaturas partidistas en 1998. La caída del sistema de partidos políticos parece no haber terminado.
¿Dónde estamos?
Pero no menos importante es reconocer las tendencias crecientes a la anomia y desdibujamiento de arraigos y pertenencias caracterizada por el rompimiento de conductas socialmente aceptadas, entre ellas la impunidad e indiferencia hacia lo colectivo. También señalemos cómo el individualismo ha favorecido la desaparición de la moral pública sustituyéndola por la moral privada como justificación ética de actuaciones y decisiones políticas, cuya expresión más cercana se encuentra en las justificaciones oficialistas por el manejo ilegal de los fondos del Fiem o la ausencia de autonomía para la Comisión de la Verdad en relación a la masacre del 11 de abril. Es ese relativismo moral el que por una parte nos invita a evitar todo conflicto que pueda comprometernos y por la otra hace que interpretemos las normas y leyes con una gran permisividad. De allí que tengamos esa visión ambivalente sobre los sobornos y la corrupción, tan es así, que cerca de la mitad de nosotros la rechazamos como incompatible con la vida cívica, pero otro tanto llega a considerar que si bien la corrupción es deshonrosa cuando un gobierno funciona bien, puede ser necesaria y aceptable cuando contribuye a recuperar el funcionamiento eficaz de la administración. (Zapata, R.1996). Con el relativismo moral es difícil por no decir imposible, alcanzar un acuerdo mínimo sobre lo "justo" e "injusto", sobre la "responsabilidad y la irresponsabilidad" y es camino fértil para elaborar una doble moral con toda la confusión que ello acarrea. Los hábitos y las rutinas sostienen los valores porque son los que muestran la diferencia y el respeto de uno mismo como persona y del otro, ambos necesarios para convivencia. No es posible soslayar la posible relación entre el deterioro de las condiciones socio-económicas que llevan a una visón de sobrevivencia y la profundización de esa doble moral que nos impide establecer los límites entre los intereses personales y los intereses colectivos. Si bien la ética personal es insuficiente para que cambie el país, es absolutamente necesaria, porque quienes están contentos con lo que somos hoy difícilmente pueden construir algo distinto.
LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD La paradoja del debate entre "vacío constitucional y golpe de estado" demuestra inconsciente o conscientemente la convivencia de hábitos democráticos, las aspiraciones a una calidad de vida moderna versus el nostálgico rentismo populista y la necesidad de un líder carismático y mesiánico. El triunfo electoral del Presidente de la República y su popularidad sustentan el marco legal. La convocatoria de la Asamblea Constituyente, el referéndum aprobatorio de 1999 y las repetidas elecciones del 2000 sintonizan con la cultura política de las mayorías y refuerzan el horizonte de lograr los cambios deseados por la vía democrática. Sin embargo la legitimidad depende ya no de la legalidad, sino de la eficacia de la gestión para generar las respuestas a las aspiraciones de calidad de vida y de la democracia como forma de tomar las decisiones y ponerlas en practica. La erosión de la legitimidad es evidente y no es ajena a la exclusión de amplios sectores en el proceso de construir el cambio. La forma de elección de los constituyentes en donde quedaron marginadas las minorías y el pluralismo, los debates que si bien ricos en la ciudadanía fueron discrecionalmente castrados en la toma de decisiones. Se perdió la oportunidad de construir el cambio desde una visión compartida. Las justificaciones entubadas bajo la llamada transitoriedad quisieron "legitimar" la organización de los poderes públicos y la aplicación de los preceptos constitucionales. Lo transitorio se ha hecho permanente. El vacío legislativo ya no puede justificar la ignorancia de los mandatos constitucionales, la ausencia de apertura en la toma de decisiones y en el discurso oficial ha dejado al descubierto el autoritarismo de buscar imponer como ley un proyecto político que si bien pretende simbólicamente incluir a los excluidos de ayer, es a costa de excluir a la otra mayoría del país. La aspiración de convivencia pluralista y los hábitos democráticos se rebelan ante tal imposición.
¿Es posible la negociación? Nadie dialoga si se siente fuerte y considera que por sí sólo se puede imponer. Hay dos extremos radicales que se sienten con las cartas de la fuerza en la mano. Pero hay una inmensa mayoría que ni queremos una ruptura de fuerza ni aceptamos la imposición de un proyecto político excluyente. Como en toda evolución humana hay que madurar los logros para iniciar nuevas etapas. La diversidad de los venezolanos se ha expresado en la toma del espacio y el debate público. Nuevos actores se organizan tanto para expresarse, como para actuar decididamente como interlocutores de su realidad. Nos gusten o no tenemos que insistir en la capacidad política de convocar esa diversidad. La valoración de la libertad expresada por la ciudadanía exige la afirmación de una ética democrática, sin tapujos ni justificaciones relativistas. La inclusión de la realidad popular tiene que crear condiciones para encontrar respuestas. Hemos madurado en lo que no queremos. Aun nos falta caminar para encontrar nuestros hábitos públicos democráticos, que reconociendo los conflictos, aceptemos ceder en lo personal para abrirnos a la difícil convivencia de la diversidad. Al comparar la Venezuela de los años cuarenta con nuestra realidad el saldo de los avances modernizadores realizados en tan corto plazo son altamente favorables. Este avance se sustentó en la promesa aceptada y compartida del Estado democrático que garantizaría a todos los sectores tanto el crecimiento económico, como su disfrute social mediante la distribución y asignación de recursos. Indudablemente esta misión fue cumplida mientras el país estaba formando y articulando sus fuerzas sociales y económicas. Paradójicamente es la misma modernización la que impulsa la heterogeneidad social, la emergencia de organizaciones económicas, culturales, políticas y sociales y con ello la diferenciación de intereses y de expectativas. Ya es harto conocido que al incremento de la educación y de las condiciones sociales se asocian también a complejidades y conflictos, por lo tanto a mayores exigencias de respuestas y de participación.
CUANDO EL RIO SUENA... El deterioro del sentimiento de lealtad hacia el sistema distributivo, a los gobiernos y a los políticos comenzó a lanzar luces intermitentes desde finales de la década de los setenta, mediante el aumento de la abstención electoral y una matriz de opinión signada por una desconfianza hacia los políticos. El "viernes negro" confirmó la incapacidad de un ingreso petrolero capaz de mantener expectativas y niveles de vida. El agotamiento del modelo rentista lanzaba señales urgentes, exigiendo la profundización de la democracia y en especial la superación del tutelaje estatal, del autoritarismo político y de la exclusión de amplios sectores sociales. Los intentos de reforma del Estado y de la Constitución de 1961 se ven mediatizados por la incomprensión de las aspiraciones crecientes de cambio. Se desconoce que la legitimidad política está relacionada con la eficacia del Estado para mantener las condiciones generalizadas de acceso a la mejora en las condiciones de vida y con la participación y puesta en práctica de la toma de decisiones desde el Gobierno y el Estado. El intento modernizador del ajuste económico que se inicia en 1989 con un país agotado en sus reservas y amplios grupos sociales excluidos de la modernidad, no encuentra organizaciones políticas capaces de superar el desencuentro entre las exigencias de la recomposición de las estructuras económicas y políticas en todos los niveles sociales. De este intento sólo logran salvarse por presión popular algunas reformas políticas relacionadas con la descentralización que favoreció la inserción de la sociedad civil en la gestión pública y experiencias locales exitosas. La alerta definitiva se hizo patente con el rechazo de las candidaturas partidistas en 1998. La caída del sistema de partidos políticos parece no haber terminado.
¿Dónde estamos? Aún están vigentes las condiciones de incomprensión ante el creciente empobrecimiento. El imaginario colectivo sigue atado al mito del país rico y por ende la pobreza no puede ser otra cosa que el resultado de la corrupción. El énfasis de lo político en el manejo de nuestros problemas socioeconómicos mantiene el supuesto de que la "riqueza del país ha sido administrada desconociendo los intereses de los pobres" por estar excluidos de la democracia representativa. Nadie quiere ni oír, ni entender que si repartiéramos el ingreso petrolero entre los 24 millones de venezolanos le tocaría a cada uno algo cercano a la canasta básica. Pero no menos importante es reconocer las tendencias crecientes a la anomia y desdibujamiento de arraigos y pertenencias caracterizada por el rompimiento de conductas socialmente aceptadas, entre ellas la impunidad e indiferencia hacia lo colectivo. También señalemos cómo el individualismo ha favorecido la desaparición de la moral pública sustituyéndola por la moral privada como justificación ética de actuaciones y decisiones políticas, cuya expresión más cercana se encuentra en las justificaciones oficialistas por el manejo ilegal de los fondos del Fiem o la ausencia de autonomía para la Comisión de la Verdad en relación a la masacre del 11 de abril. Es ese relativismo moral el que por una parte nos invita a evitar todo conflicto que pueda comprometernos y por la otra hace que interpretemos las normas y leyes con una gran permisividad. De allí que tengamos esa visión ambivalente sobre los sobornos y la corrupción, tan es así, que cerca de la mitad de nosotros la rechazamos como incompatible con la vida cívica, pero otro tanto llega a considerar que si bien la corrupción es deshonrosa cuando un gobierno funciona bien, puede ser necesaria y aceptable cuando contribuye a recuperar el funcionamiento eficaz de la administración. (Zapata, R.1996). Con el relativismo moral es difícil por no decir imposible, alcanzar un acuerdo mínimo sobre lo "justo" e "injusto", sobre la "responsabilidad y la irresponsabilidad" y es camino fértil para elaborar una doble moral con toda la confusión que ello acarrea. Los hábitos y las rutinas sostienen los valores porque son los que muestran la diferencia y el respeto de uno mismo como persona y del otro, ambos necesarios para convivencia. No es posible soslayar la posible relación entre el deterioro de las condiciones socio-económicas que llevan a una visón de sobrevivencia y la profundización de esa doble moral que nos impide establecer los límites entre los intereses personales y los intereses colectivos. Si bien la ética personal es insuficiente para que cambie el país, es absolutamente necesaria, porque quienes están contentos con lo que somos hoy difícilmente pueden construir algo distinto.
LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD La paradoja del debate entre "vacío constitucional y golpe de estado" demuestra inconsciente o conscientemente la convivencia de hábitos democráticos, las aspiraciones a una calidad de vida moderna versus el nostálgico rentismo populista y la necesidad de un líder carismático y mesiánico. El triunfo electoral del Presidente de la República y su popularidad sustentan el marco legal. La convocatoria de la Asamblea Constituyente, el referéndum aprobatorio de 1999 y las repetidas elecciones del 2000 sintonizan con la cultura política de las mayorías y refuerzan el horizonte de lograr los cambios deseados por la vía democrática. Sin embargo la legitimidad depende ya no de la legalidad, sino de la eficacia de la gestión para generar las respuestas a las aspiraciones de calidad de vida y de la democracia como forma de tomar las decisiones y ponerlas en practica. La erosión de la legitimidad es evidente y no es ajena a la exclusión de amplios sectores en el proceso de construir el cambio. La forma de elección de los constituyentes en donde quedaron marginadas las minorías y el pluralismo, los debates que si bien ricos en la ciudadanía fueron discrecionalmente castrados en la toma de decisiones. Se perdió la oportunidad de construir el cambio desde una visión compartida. Las justificaciones entubadas bajo la llamada transitoriedad quisieron "legitimar" la organización de los poderes públicos y la aplicación de los preceptos constitucionales. Lo transitorio se ha hecho permanente. El vacío legislativo ya no puede justificar la ignorancia de los mandatos constitucionales, la ausencia de apertura en la toma de decisiones y en el discurso oficial ha dejado al descubierto el autoritarismo de buscar imponer como ley un proyecto político que si bien pretende simbólicamente incluir a los excluidos de ayer, es a costa de excluir a la otra mayoría del país. La aspiración de convivencia pluralista y los hábitos democráticos se rebelan ante tal imposición.
¿Es posible la negociación? Nadie dialoga si se siente fuerte y considera que por sí sólo se puede imponer. Hay dos extremos radicales que se sienten con las cartas de la fuerza en la mano. Pero hay una inmensa mayoría que ni queremos una ruptura de fuerza ni aceptamos la imposición de un proyecto político excluyente. Como en toda evolución humana hay que madurar los logros para iniciar nuevas etapas. La diversidad de los venezolanos se ha expresado en la toma del espacio y el debate público. Nuevos actores se organizan tanto para expresarse, como para actuar decididamente como interlocutores de su realidad. Nos gusten o no tenemos que insistir en la capacidad política de convocar esa diversidad. La valoración de la libertad expresada por la ciudadanía exige la afirmación de una ética democrática, sin tapujos ni justificaciones relativistas. La inclusión de la realidad popular tiene que crear condiciones para encontrar respuestas. Hemos madurado en lo que no queremos. Aun nos falta caminar para encontrar nuestros hábitos públicos democráticos, que reconociendo los conflictos, aceptemos ceder en lo personal para abrirnos a la difícil convivencia de la diversidad.
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Al comparar la Venezuela de los años
cuarenta con nuestra realidad el saldo de los avances modernizadores realizados
en tan corto plazo son altamente favorables. Este avance se sustentó
en la promesa aceptada y compartida del Estado democrático que garantizaría
a todos los sectores tanto el crecimiento económico, como su disfrute
social mediante la distribución y asignación de recursos.
Indudablemente esta misión fue cumplida mientras el país estaba
formando y articulando sus fuerzas sociales y económicas. Paradójicamente
es la misma modernización la que impulsa la heterogeneidad social,
la emergencia de organizaciones económicas, culturales, políticas
y sociales y con ello la diferenciación de intereses y de expectativas.
Ya es harto conocido que al incremento de la educación y de las condiciones
sociales se asocian también a complejidades y conflictos, por lo
tanto a mayores exigencias de respuestas y de participación.
Aún están vigentes las condiciones
de incomprensión ante el creciente empobrecimiento. El imaginario
colectivo sigue atado al mito del país rico y por ende la pobreza
no puede ser otra cosa que el resultado de la corrupción. El énfasis
de lo político en el manejo de nuestros problemas socioeconómicos
mantiene el supuesto de que la "riqueza del país ha sido administrada
desconociendo los intereses de los pobres" por estar excluidos de la
democracia representativa. Nadie quiere ni oír, ni entender que si
repartiéramos el ingreso petrolero entre los 24 millones de venezolanos
le tocaría a cada uno algo cercano a la canasta básica.