EDICION 26 ANIVERSARIO Valencia, 9 de Agosto de 2002

Portada de la Edición Aniversaria

Pedro Carmona Estanga Economista. Ex presidente de Fedecámaras Editorial Notitarde C.A.

Las dimensiones de la crisis La crisis vivida en el país durante el mes de abril fue la resultante de una serie de circunstancias que no pueden ser analizadas en forma aislada. En efecto, la misma ha sido la resultante de complejos hechos relacionados con una visión y estilo de gestión impuestos por la actual administración que han conducido al país por un difícil camino, comenzando por la profunda fractura que se ha sembrado en la sociedad y el discurso maniqueísta que desde el inicio ha dividido al país entre amigos y enemigos, pobres y ricos, revolucionarios y escuálidos, todo lo cual ha afectado el sentido de unidad nacional y ha polarizado a la nación entre una minoría activa de partidarios del gobierno y una mayoría que lo adversa, aun cuando no en forma cohesionada. Ello ha exacerbado el clima de conflictividad con los medios de comunicación, la Iglesia, los empresarios, la CTV, las regiones, el estamento castrense y los partidos políticos, vale decir que en los últimos tiempos casi ningún sector ha escapado de la controversia. No sólo el discurso presidencial ha sido determinante, sino en su génesis la aprobación de la Carta Magna en forma precipitada y sin el debido debate -recuérdese el carpetazo en la ANC- con lo cual pese a la legalidad del referéndum aprobatorio, no se alcanzó la legitimidad suficiente en cambios de tanto fondo, siendo un hecho que aún hoy existen varios textos constitucionales y que se abusó del concepto de transitoriedad para la designación de los miembros de los órganos del Poder Público, generando aún hoy mucha controversia. Con posterioridad, la aprobación de leyes y políticas en forma inconsulta y sin la participación ciudadana produjo nuevas reacciones, en especial los Decretos-Leyes derivados de la Ley Habilitante, origen de la suspensión del diálogo con el sector privado y del masivo paro cívico de protesta del día 10 de diciembre de 2001. Otro factor a considerar en relación con la crisis guarda relación con la grave situación económica nacional prevaleciente, pues continúa acentuándose la dependencia respecto al sector petrolero por la caída sostenida de la inversión pública y privada, en medio de un debilitamiento estructural de la economía y la parálisis de la economía real, lo cual restringe la capacidad de la economía para generar nuevos puestos de trabajo en el elevado número requerido. El nivel de desempleo bordea el 20% y la economía informal el 56%. Pero además es claro que no obstante los ingresos petroleros de que ha dispuesto el gobierno, los resultados de la gestión son exiguos, que la crisis fiscal se ha profundizado y con ello los problemas sociales, de infraestructura y servicios públicos, incluyendo los subsistemas de seguridad social, los cuales siguen sin aprobarse en la Asamblea Nacional, postergando ya por cuatro años la organización de instituciones esenciales para la población más necesitada. Tampoco se deciden políticas que estimulen la inversión en sectores como la minería, electricidad, turismo, metalurgia, fondos de pensiones, petroquímica, construcción, industria y agricultura, en tanto que en el sector energético, mientras prevalezca la rigidez introducida por la nueva Ley de Hidrocarburos, será imposible que fluyan las inversiones que el país requiere para mantener su condición de exportador de energía en los volúmenes crecientes que demanda el mercado. El problema es de confianza, de coherencia de políticas y de incapacidad de desarrollo de un potencial que existe, pero que requiere gerencia y reglas del juego. Por su parte, el problema de la pobreza no puede ser visto bajo la óptica populista del reparto, sino de la generación de empleo, lo cual exige que se capte inversión privada en el orden de los US$ 20 millardos anuales y que se creen muchas empresas formales, ello comparado con las exiguas cifras que se registran actualmente, como ocurre también con el tema de la competitividad, en lo cual Venezuela exhibe índices internacionales vergonzosos. Cuando asumí la presidencia de Fedecámaras en julio de 2001, tendí la mano al diálogo con el gobierno y solicité públicamente una entrevista con el Presidente de la República, convencido como estaba de la necesidad de sentar bases para una relación más armónica entre el sector público y privado, en función de los intereses nacionales. Durante cien días propicié contactos, me reuní con el Presidente Chávez y su gobierno y ello permitió restablecer una comunicación, pero lamentablemente limitada desde la óptica oficial a temas formales y sin disposición efectiva de debatir materias prioritarias tales como las Leyes, las cuales no debían ser eludidas por difíciles que resultaran. Al final, la aprobación inconsulta, inconstitucional y precipitada de normas fundamentales para la vida del país, acarreó la suspensión del diálogo en el cual me había esmerado con la mejor buena fe. El gobierno desestimó así una oportunidad inmejorable para el entendimiento y la generación de confianza y por el contrario, tras el histórico paro cívico de protesta del 10 de diciembre, optó por un endurecimiento de posiciones y por la designación de Ministros de línea más dogmática. Otro factor que concurrió en los hechos de abril fue el desacertado manejo de la crisis de Pdvsa. La designación de la Directiva presidida por Gastón Parra llevó a la convicción nacional de que no sólo se estaba vulnerando la meritocracia en Pdvsa, sino que se atentaba contra su autonomía operativa y que se tendía a politizar la corporación energética de todos los venezolanos, que ocupa el segundo lugar en importancia en el mundo. El día 3 de marzo solicité en nombre de Fedecámaras la renuncia de la Directiva de dicha empresa como salida honorable a la crisis y en ello insistí posteriormente, advirtiendo los riesgos y costos para el país, pero la respuesta fue de endurecimiento de posiciones, remoción de funcionarios y represalias, hechos que contribuyeron a la alta motivación de la marcha del día 11 de abril y al desencadenamiento de los hechos posteriores. Al final, el día 14 de abril el Presidente Chávez aceptó la renuncia de la Directiva, pero el mal estaba hecho, la fractura y las pérdidas se habían provocado y había ocurrido la crisis que provocó la caída y resurrección del gobierno. La marcha del 11 de abril fue histórica, pacífica, democrática e incontenible en su decisión de llegar a Miraflores, no obstante mi pedido de que llegase hasta la Avenida Bolívar. No se justifica por ello que haya sido recibida con violencia por las fuerzas oficialistas, provocando una masacre que hubiese podido ser mayor a no ser por el desacato de los oficiales responsables de la Fuerza Armada a la orden de activación del Plan µvila emanada del Presidente de la República. Los pronunciamientos militares y el clima de malestar nacional desencadenaron en la madrugada del 12 el anuncio de renuncia del Presidente hecho por el general Lucas Rincón y ello generó un vacío de poder, que ahora se niega para ocultar la gravedad de la masacre. Insisto en que no existió un plan premeditado y que mi participación en los hechos sólo se produjo esa noche, tras la existencia del vacío anotado. No hubo pues ni conspiración ni rebelión, como trata de afirmarse. De haber ocurrido así, no habría fracasado. En cuanto al Acta de constitución del régimen provisional, se le critica como expresión de un acto inconstitucional. La verdad es que el día 11 A se habían producido hechos de extrema gravedad que habían deslegitimado al régimen, en particular por la violación de derechos humanos, todo lo cual configuraba las premisas del Artículo 350 de la Constitución para llamar a la relegitimación de los poderes por la vía de comicios rápidos y transparentes. La primera elección, la de la Asamblea Nacional, iba a ser convocada en julio y la presidencial en diciembre, una vez que la Asamblea electa hubiese discutido algunas enmiendas a la Constitución, en particular la incorporación de la doble vuelta electoral, el retorno al carácter no deliberante de la Fuerza Armada, el restablecimiento del período presidencial en cinco años y la restitución del nombre República de Venezuela. Era difícil imaginar que la maquinaria oficialista pudiese haber conducido una transición tan compleja, siendo que el país aún hoy plantea la necesidad de convocar a elecciones e introducir profundos cambios como salida a la crisis. En cuanto a la integración del gabinete, muchos nombres no llegaron a conocerse, pero el hecho cierto es que el equipo elegido era representativo, de centro, plural y calificado, e incluía a importantes luchadores sociales, mientras que el alto mando militar a anunciarse respetaba la meritocracia, jerarquía y antigüedad. No obstante, faltó una mayor base de apoyo, hubo inconsistencias militares y civiles y matrices de opinión que deliberadamente se difundieron para descalificar al gobierno transitorio, entre otros de parte de algunos comunicadores y analistas que no concedieron el beneficio de tan sólo unas horas para disponer de una visión más integral y equilibrada. La crisis se mantiene viva. La situación económica es insostenible, los problemas en los campos político, militar y social son graves y existe una vez más falta de voluntad en la conducción oficialista respecto a temas sustantivos como son la creación de la Comisión de la Verdad, la recomposición en los órganos del Poder Público, la modificación de Leyes, el Desarme de la población civil y la promoción de las enmiendas constitucionales. El gobierno yerra si cree que la situación puede ser controlada a través de dogmatismo y cacería de brujas, incluyendo la Fuerza Armada, pues la crisis tratará de encontrar una salida, que debe ser a través de cauces institucionales y pacíficos, pues las circunstancias del 11 de abril no son reeditables y porque no es válido pensar en una opción de fuerza. La sociedad civil sigue en pie de lucha, con disposición de participar en la definición del rumbo y destino de la República, el cual ha querido ser secuestrado por una clase dirigente que ha demostrado fehacientemente tozudez e incompetencia para gerenciar a la nación y conducirla hacia mejores destinos.