EDICION 26 ANIVERSARIO Valencia, 9 de Agosto de 2002

Portada de la Edición Aniversaria

Simón Alberto Consalvi Excanciller de la República Editorial Notitarde C.A.

El legado democrático puesto a prueba La realidad política de Venezuela después de los (in) sucesos de abril nos reitera la certidumbre de que la democracia tiene raíces profundas, y nadie podrá escapar de ellas, aun cuando su legado haya sido y esté siendo puesto a prueba. Si las paradojas no han sido ajenas a nuestra historia, ahora tenemos personificadas en el teniente coronel Hugo Chávez Frías dos paradojas en lugar de una: es el factor dominante de quienes pretenden su abolición, y, al mismo tiempo, el beneficiario de esa conciencia democrática. Después del 11 de abril y de su periplo por las arenas profanas de La Orchila (de la mano piadosa del cardenal Ignacio VelaSco), fue el sistema internacional el primero que ocurrió a su rescate. Fueron los presidentes del Grupo de Río, reunidos en Costa Rica, quienes primero dieron el grito de alarma. El Grupo de Río fue una creación de la democracia, y en no poca medida de la democracia venezolana. Pero más allá, en los años 60, Venezuela, bajo el régimen del Presidente Rómulo Betancourt, se esmeró en sembrar la doctrina contra los regímenes surgidos de golpes de Estado. Así, Chávez Frías terminó siendo el albacea de aquellos principios democráticos de que tanto difama. La doble paradoja no debe pasar inadvertida: el legado democrático se pone a prueba amparándose en los privilegios creados por la propia democracia. La paradoja es aun más irónica si nos acercamos a nuestros días: Chávez Frías se opuso a la Carta Democrática Interamericana (en la Cumbre de Quebec y después de Quebec), para terminar buscando refugio en la Carta, y es la Carta el instrumento que le otorga generoso amparo. ¿Podemos deducir algunas conclusiones de este panorama? Seguramente varias, pero la esencial, a mi juicio, es que cualquier régimen que se quiera implantar en Venezuela que niegue o adultere las normas interamericanas, no tendrá posibilidades de supervivencia. Podrá ser intentado como, en efecto, ocurre ahora con la "revolución bolivariana, participativa y protagónica". Sin embargo, Venezuela ya está al margen de los fundamentos de la Carta Democrática Interamericana, pues el Estado de derecho es cuestionable, al no existir ni la independencia ni el equilibrio de los poderes. No hubo antes época como "Esta, quizás con alguna efímera excepción, en donde el equilibrio de los poderes del Estado no haya sido interferido por la influencia más absoluta de uno de ellos, el Poder Ejecutivo. Entre las promesas de los "tiempos revolucionarios", no hubo ninguna de mayor demagogia que la innovación constitucional, aquella según la cual se prometía que, en lugar de los tres poderes tradicionales, la gran república "bolivariana" tendría cinco. En otras palabras, se enterraba también al barón de Montesquieu, cuyo nombre no fue pocas veces invocado. Resultó todo lo contrario. Algunos de estos poderes se asoman al abismo de la impostura, y no pocos de sus titulares son otra cosa que mujiquistas redivivos, ahora doctores en vez de bachilleres, y ahora, también revolucionarios. Rómulo Gallegos no pudo imaginarlo en las páginas de Doña Bárbara. Es falso que Venezuela viva un amanecer revolucionario. El intento autocrático encubre el ocaso de una etapa histórica. La Constitución de 1961 fue abolida como nadie pudo imaginarlo ni temerlo hasta ese momento. Fue abolida con una sola palabra, cuando el teniente coronel se juramentó como Presidente de la República, el 2 de febrero de 1999, ante un Congreso elegido dentro de las normas democráticas de la propia Constitución (otra paradoja), y expresó sin rubor alguno, y ante el rubor de muy pocos: "Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo y ante esta moribunda Constitución, cumplir las transformaciones democráticas necesarias para que la República tenga una nueva Constitución adecuada a los nuevos tiempos". Dicho y hecho. Así, a partir del úkase castrense, la Constitución de 1961 murió en el segundo relampagueante de esa mañana del 2 de febrero de 1999 en que el teniente coronel pronunció la palabra "moribunda". A partir de ese momento se estableció en el país un régimen político de facto destinado a su abolición más absoluta. Las restantes palabras presidenciales marcaron los días por venir: "... cumplir las transformaciones democráticas necesarias para que la República tenga una nueva Constitución adecuada a los nuevos tiempos". Nunca una Constitución había muerto de manera tan despreciable. Unas habían sido abolidas por golpes de Estado, o por las maniobras de los caudillos, o habían entrado en los sótanos de la irrelevancia, porque aquella sentencia de que "la Constitución sirve para todo" de José Tadeo Monagas se convirtió en dogma y escudo de los dictadores. Cambio de siglo, cambio también de milenio. ¿Podía Venezuela cambiar en la dirección contraria al mundo contemporáneo? Si algo debía constituir la primera inquietud de los venezolanos, debía ser la orientación y los rumbos del cambio que se auspiciaba: "una Constitución adecuada a los nuevos tiempos". Lo menos que se puede pensar de la Constitución de 1999 que la Asamblea Nacional Constituyente aprobó contra viento y marea, y sometió al referéndum del 15 de diciembre, es que se trata de un texto carpetovetónico, contradictorio y confuso en su concepción general de la sociedad y del Estado, absolutamente anacrónico. El texto constitucional tiene un denominador común que lo consagra como radicalmente estatista, mucho más allá de lo que pudo ser la Constitución de 1947. Todo depende del Estado, al Estado se le asignan todos los deberes y todas las obligaciones económicas o sociales. Evidentes nostalgias del totalitarismo. De este texto pueden derivarse diversas alternativas: seríamos una isla en el mundo contemporáneo; un testimonio del militarismo del siglo XIX (ahora militarismo revolucionario), y un país anclado en las políticas que, casi todo el mundo, ha ido dejando atrás. Más pronto que tarde, los venezolanos confrontaremos la realidad: la Constitución de 1999 será una telaraña de la cual no será simple escapar por su carga demagógica. La consagración de privilegios a las Fuerzas Armadas encubría el propósito de su dominio y de la politización que terminó con su disciplina y su confiabilidad. Ahora, Venezuela es un país sin seguridad. Un país que depende del azar, en un momento extremadamente comprometido en la región. Las FAN han sido destruidas, sus equipos están en ruina, y los soldados no tienen ni uniformes ni botas para marchar en sus ejercicios. êse es el rostro verdadero del "bolivarianismo". Los oficiales perseguidos y procesados son militares democráticos en quienes no se podía confiar. Las maniobras simularon su protección, pero el juego, al final, fue descubierto. Venezuela está cambiando de manera radical. La sociedad civil no será reducida. No es simple percibir cambios de esta naturaleza, pero el rechazo consistente que trabajadores y empresarios, profesionales y medios de comunicación vienen demostrando día tras día indica que Venezuela es un país irreductible. Los recursos financieros del Estado protector, financista e intervencionista se manejan ahora como no se manejaron ni en los tiempos de Juan Vicente Gómez. Esta corrupción se ampara en la idea revolucionaria, y como si fuera poco, en la revolución "bolivariana". Personalmente, pienso que estos "años de revolución" no son otra cosa que la última etapa de la decadencia de la idea autocrática, incapaz de responder a los compromisos que se le asignan como paradigma revolucionario. Lo que está en juego no es, en última instancia, la cuestión del poder para unos o para otros. Lo que alienta en el fondo de tanta incertidumbre no es otra interrogante que la ya clásica de "el poder para qué". No el poder para quiénes. La gobernabilidad de un Estado o de un país, es un arte (o una ciencia, o ambos) que cada día se torna más exigente, a medida que las opciones se dificultan y los recursos menguan. Lo que la experiencia demuestra es que se puede gobernar de manera complaciente durante parte del tiempo, pero no todo el tiempo. Las imprevisiones de la demagogia constituyen el gran dilema del porvenir. ¿No es demencial suponer, como lo pretenden ciertos teóricos, que el petróleo financiará las fantasías y la demagogia sin término en el tiempo, aunque se llame revolución a lo que, en última instancia, no es más que la última etapa de la decadencia de un modelo fundado en las riquezas (ya exhaustas) del Estado, ahora bajo la máscara revolucionaria, tras la cual se oculta el viejo fantasma autocrático? El país no acepta los artificios de esta situación. Ni las pretensiones de borrar el legado democrático. La revolución del teniente coronel ha hecho más dramáticos los dilemas venezolanos. En el horizonte se vislumbra una crisis económica de dimensiones impredecibles. Ni siquiera los ingresos del petróleo permitirán por mucho tiempo esta confusa navegación en el azar. Conviene tomar nota del desenlace que fatalmente nos espera. En el siglo XXI viviremos la era post-petrolera. Imaginar la Venezuela sin petróleo sería un ejercicio de responsabilidad y de discreción, no como quien invita al Apocalipsis o a la penitencia, sino como quien sabe que todo puede ser evadido menos la realidad. También debemos imaginarla sin autocracias. Los (in) sucesos de abril dejaron innumerables lecciones; entre ellas las paradojas de quienes buscaron refugio en lo que menosprecian y vulneran, o sea, los principios de la democracia pluralista y del estado de derecho.