Notitarde C.A. |
Así describe la genial pluma de Francisco Herrera Luque la antesala del siglo XIX venezolano en su polémica obra "Boves El Urogallo". Con apenas unos toques modernizantes podríamos afirmar que similares condiciones prevalecían en los umbrales del siglo XXI. En efecto, nuestra patria finalizó el siglo XX con un sistema democrático fosilizado por rigideces institucionales que habían terminado por secar las fuentes de la movilidad social y de impedir el efectivo imperio de la ley sobre toda la ciudadanía. En el terreno económico el modelo de crecimiento hacia adentro basado en la renta petrolera daba señales de agotamiento extremo, mientras las innovaciones tecnológicas, el desarrollo de los medios de comunicación y la apertura iniciadas por la administración del presidente Carlos Andrés Pérez elevaron las demandas de eficiencia sobre el sistema político y el sector productivo al mejorar la inserción del país con los mercados y las culturas de ultramar. Las reformas democráticas y económicas eran ineludibles. Sin embargo, la cultura rentista creada por el petróleo y la gerencia corporativista que en lo político generó este modelo de desarrollo llevó a pensar a las elites que los problemas nacionales eran susceptibles de ser tratados con cirugía cosmética en lugar de con una terapia integral. La acendrada convicción entre la ciudadanía de que el recurso petrolero es suficiente y necesario para cubrir todas las aspiraciones de la población sin que fuera necesario incurrir en los esfuerzos y sacrificios que la creación de riqueza demanda, creó las condiciones para que se produjera el rechazo inicial a las políticas de reforma estructural. Lo que siguió es parte de nuestra dolorosa historia contemporánea. Porque al intentar las administraciones siguientes dar un salto hacia atrás sólo contribuyeron a agravar tanto el problema central del drama nacional que es la pobreza como la ausencia de eso que en las sociedades anglosajonas denominan "el imperio de la ley". Abrimos así las puertas a la desesperación de la sociedad entera que se volcó a buscar un salvador. Es así como insurge en el escenario de la política nacional el teniente coronel Hugo Chávez Frías, cuyo intento de tomar el poder por la vía violenta y extra-institucional había sido rechazado por una población que, pese a sus severas críticas a la conducción política, había abrazado la fe de la democracia con sus concomitantes expresiones en el régimen de libertades que incluyen la de expresión, la de asociación, de igualdad ante la ley, las garantías a la vida e integridad física. Pero así como en los extremos finales del siglo XVIII la ausencia de comprensión de las realidades de la modernidad llevó a una población que se sentía agraviada por el sistema imperante a unirse a un demagogo cuya carismática personalidad había abrevado en las fuentes del resentimiento, los venezolanos colocaron en manos de un caudillo militar el proyecto de profundización de la democracia. Para los venezolanos que se constituyeron en su base de apoyo, el nuevo líder vendría a vengar las ofensas del pasado y a abrir los cauces de la prosperidad y de la participación a ese 40 por ciento de la población que no había logrado trascender los umbrales de la supervivencia. Las fuertes convicciones democráticas de la sociedad venezolana llevaron a los opositores a respetar la voluntad popular y a permitir al nuevo líder la ejecución de su mandato. A casi cuatro años de la toma del poder por parte del Teniente Coronel Hugo Chávez Frías el balance es francamente desolador. En el frente de la pobreza este mal ha avanzado de manera alarmante, 11 millones de venezolanos, entre ellos 7,2 millones de niños y niñas experimentan los rigores de la pobreza extrema, de los cuales más de 4 millones de infantes y jóvenes padecen de desnutrición. Más de 480 mil jóvenes de la fuerza de trabajo están desempleados. Un millón doscientos mil niños y niñas con edades entre 7 y 14 años tienen déficit nutricional agudo. De cada 100 alumnos que ingresan al primer grado, sólo 38 logran culminar el ciclo diversificado. Si bien el cuadro social del país ha estado afectado por graves carencias desde hace demasiadas décadas, su deterioro ha sido vertiginoso en los últimos cinco años. En el territorio del empleo el panorama no es mejor, de 850 mil plazas industriales que existían hace una década sobreviven apenas 250 mil. En materia del imperio de la ley, mueren en Venezuela víctimas del crimen todos los fines de semana más personas que las que fallecían en El Salvador en un mes durante la guerra civil que abatió a esa nación en las décadas de los setenta y ochenta. Desde el punto de vista de la trasparencia administrativa, nunca como ahora el país ha presenciado una rebatiña de los recursos públicos como la que a diario aparece en la prensa: ausencia de rendición de cuentas a todos los niveles de la administración, depósitos en efectivo en la cuenta del Chase Manhatttan Bank de una cosmetóloga, aparentemente provenientes de la partida secreta del Ministerio de la Defensa, desvanecimiento de siete mil millones de dólares y reparos a granel sobre la ausencia de control de los desembolsos del estado son los titulares que día a día reverberan en la prensa ante la mirada impasible de tribunales y autoridades supervisoras. En síntesis, el país se ha convertido en un conuco decimonónico donde el tesoro público es parte del botín de una montonera. Y mientras tanto, "los olvidados de la tierra" que constituyeron la base de la legitimidad política del régimen, son manipulados de manera vil para servir de látigo vengador contra las fuerzas que defienden las libertades democráticas como es el caso de los medios de comunicación, los partidos de oposición, los sindicatos y la Iglesia. Los sucesos del 11 de abril, cuando la irresponsabilidad de un grupo de la oposición frustró la exitosa, pacífica y civilista movilización de una sociedad civil llena de fe democrática, han servido acicate a la insurgencia del torbellino del odio. La ola de saqueos que fue concebida por figuras tenebrosas del régimen como instrumento disuasivo para futuras movilizaciones civiles ha provocado una carrera armamentista entre la población civil de proporciones inéditas. En síntesis, el país se encuentra en una similar e igualmente trágica antesala del conflicto civil que liderara José Tomás Boves en los albores del siglo XIX. "Doscientos veinticinco mil muertos y desaparecidos fue el saldo final de aquella hecatombe, además de la ruina total para la, por aquel entonces, pujante colonia". Así establece Herrera Luque el balance de esa época. . Eludir este fin es posible, pero requerirá de un gran esfuerzo por trascender la miope visión de nuestras elites y los resentimientos inoculados en el alma de nuestro pueblo por la ponzoñosa retórica del Jefe del Estado. Para conjurar tan espantosa suerte es necesario que las elites comprendan que, para bien o para mal y gracias a las pasadas fallas del sistema democrático, existe hoy en día una significativa proporción de la población que se ha movilizado políticamente y que debe contar con representatividad en las instancias decisorias de la política nacional. Esa proporción de la población que se define como chavista sufre los avatares de la pobreza y no ve en las ofertas alternativas de liderazgo figuras dispuestas a colocarse en su sintonía. Si bien el Jefe del Estado ha agravado su situación material, al menos les dedica su atención retórica y ha creado códigos comunicacionales que les crean la ilusión de pertenencia de allí que prefieran morir con el caudillo a continuar siendo excluidos. Conquistar el corazón de esos venezolanos es la primera y más importante tarea de cualquier ejercicio de reconciliación nacional Una vez aceptada la premisa de que los menos afortunados son también sujetos democráticos, es necesario desmontar el andamiaje destructivo del chavismo mediante la iniciación de un diálogo de reconciliación nacional bajo la premisa de que todos los venezolanos desean poner en práctica los principios de la Carta Democrática Americana como máxima expresión de las aspiraciones de desarrollo y estabilidad de la comunidad hemisférica. Cada uno de los principios de la Carta tendría que traducirse en cambios institucionales o de conducta colectiva que nos lleven a rescatar la democracia. La búsqueda del desarrollo equilibrado, la construcción de instituciones capaces de garantizar a todos los venezolanos que su voto no sólo cuenta, sino que será escrupulosamente contado y que goza de la condición esencial de todo sistema democrático que es la igualdad ante la ley y la preservación de los derechos humanos, deben inspirar el diálogo. También debe servir el ejercicio de reconciliación para establecer disuasivos al uso de la fuerza para acallar el disentimiento. La creación de una instancia internacional para establecer responsabilidades por las muertes del 11 de abril sea cual sea su signo, es la piedra angular de la reconquista de nuestro civismo porque sólo así sustituiremos la fuerza por la ley y el odio por la razón. Para iniciar ese proceso la comunidad internacional deberá servir de partera, porque el alma de nuestro pueblo está hoy partida por un arrollo de sangre vertido por las víctimas civiles de los que se atrevieron a disentir. Tampoco contamos con instituciones creíbles ni con actores desprendidos ya que cada protagonista abriga en su alma una ambición política que mucho difiere de la ambición a hacer política, que es la fuerza motora del desarrollo democrático. Es por ello esencial contar con las instancias internacionales que tienen jurisdicción sobre la defensa de la democracia y sobre el combate a la pobreza. El programa de combate a la pobreza preparado por la Universidad Católica Andrés Bello requiere del diseño de instancias operativas para hacerse realidad, pero en el estado de postración en que se encuentra nuestro aparato estatal esto es inalcanzable. Por ello necesitamos contar con el apoyo de esa comunidad internacional a la que tan generosamente apoyáramos antes de que comenzara nuestro eclipse democrático. Pero quizás la condición esencial para recuperar el sendero democrático sea que lleguemos de manera colectiva a la convicción profunda de que cualquier sociedad que tolere apaciblemente las iniquidades y la ausencia del imperio de la ley termina siendo víctima de una rebatiña. Crear en nuestros desposeídos el sentido de la propiedad y en nuestras elites el del contrato social será la única forma de conjurar para siempre al fantasma de Boves de nuestras vidas y de nuestras tierras. Como reflexión final, traigo a colación las ideas de Marta Oyhanarte, luchadora civil de Argentina: "La democracia real tendríamos que construirla a partir de sacrificios colectivos y progreso solidario. Casi veinte años después debemos reconocer que no hemos sabido hacerlo. No supimos generar una dinámica de acción colectiva eficiente ni materializar los valores de la forma superior de legalidad que constituye el Estado de derecho. En síntesis, no supimos decirle a la vieja cultura que había muerto y continuamos recorriendo un camino de frustración colectiva."
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