EDICION 26 ANIVERSARIO Valencia, 9 de Agosto de 2002

Portada de la Edición Aniversaria

Cecilia Sosa Gómez Doctora en Derecho. Expresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Directora Ejecutiva de la organización Venezuela Progresa en Libertad Editorial Notitarde C.A.

Estrategia de un proyecto no democrático Una de las válvulas de escape a la que siempre acudimos los venezolanos es decir que atravesamos por una crisis de proporciones desmesuradas: de valores, cultura, educación, económica, política, justicia, moral, ética, entre otros. Pero esa afirmación en pocos casos está acompañada del examen de las bases mismas del Estado, donde éste se asienta, como es el orden y la estructura política-jurídica. La crisis política que vivimos se origina precisamente por la desintegración de la suma de los elementos del Estado. Ni la vuelta a los viejos cánones de la democracia que vivimos hasta 1999, ni la anarquía totalitaria que pretende imponernos el Presidente de la República son alternativas válidas para ningún venezolano. Nada de lo sucedido nos permite despejar y aminorar la incertidumbre en que hemos sido sumidos por el voluntarismo inconsciente de quien cree gobernarnos. El punto de partida, y clave para darnos cuenta de cómo perdimos la democracia, está constituido por la instauración de suprapoderes dentro del Estado venezolano, que casi sin darnos cuenta crearon un régimen político no susceptible de participación y control ciudadano, capaz de reproducirse a sí mismo y que comenzó guardando una relación de tutelaje no sólo respecto de los demás poderes del Estado, sino con respecto del conjunto de la institucionalidad política, económica y social, utilizando relevantes instituciones para la reproducción del orden autoritario: la Fuerza Armada, el Poder Judicial y los Círculos Bolivarianos. La conducción del Estado está fundamentada en una organización omnipotente y omnipresente que se ha apropiado de la capacidad de creación del orden social; lo que se trata es de despojar al acto productivo de toda noción de libertad y por tanto de innovación y cambio a través de la eliminación de la participación, la negociación y de la articulación social. Mediante la destrucción de las situaciones de poder preexistentes se pretende imponer unas nuevas, acorde a los actuales requerimientos del llamado proceso revolucionario. En el caso de la Fuerza Armada, se hace ver que el rol tutelar que históricamente había jugado no es suficiente, sino que debe actuar activamente en política al ser sus integrantes ciudadanos activos y deliberantes; lo que antes era considerado una trasgresión a la Constitución, hoy es interpretado como un mandato. En el caso del Poder Judicial, al igual que en la Fuerza Armada, la nueva institucionalidad apunta a otorgar atribuciones políticas al Poder Judicial, con énfasis en el tema de la interpretación constitucional, de allí que le otorguen legalidad a la acción política, cualquiera que ella sea. En relación a los Círculos Bolivarianos, organizaciones creadas y financiadas desde el gobierno, pretenden ser el único portavoz del pueblo actuando como una especie de correa de transmisión entre el gobierno y el pueblo. Vivimos una de las relaciones más perversas que puedan darse en el seno de cualquier sociedad; la coexistencia de un grupo que pretende ser el único integrante del Estado, constituido sólo por quienes detentan el poder, sus militantes y los grupos incorporados al "proyecto revolucionario" como los Círculos Bolivarianos, y otro grupo mayoritario que no acepta los términos en que pretenden imponérseles las relaciones de poder, constituyendo la sociedad excluida. Desde que regresó Hugo Chávez, el 14 de abril, a sus funciones cotidianas en el Palacio de Miraflores, se produjo un cambio drástico de las relaciones de poder entre los diferentes actores políticos quienes no terminan de entender qué ocurre ni de qué se trata. El líder que se amparó en el cargo de Presidente de la República durante tres años y algunos meses para simular ser un demócrata, volvió decidido a quitarse el disfraz con el que jugaba y bajo su libre determinación asumió sin máscaras propugnar lo que siempre fue su objetivo: "vender" la Revolución Bolivariana, para luego de sembrarla, mantenerse en el poder para "felicidad" del pueblo. Es por eso que antes del 11 de abril, el juego político se realizaba con la Constitución de estandarte de la revolución "democrática". Cada quien podía jugar a la "democracia participativa" sin reglas y sin importar los criterios que pudieran utilizar oficialistas u opositores al gobierno para participar en la arena política. Se tenía libertad para interpretar el libro de reglas -la Constitución- como se quisiera, hasta que el Comandante hablara; sólo así se activaban las "instituciones", ése era el pitazo que ordenaba al Tribunal Supremo de Justicia dar forma jurídica a los designios del líder. Mediante una jurisprudencia vinculante, el discurso político del Jefe de Estado pasaba a tener rango constitucional, se transformaba en norma de aplicación preferente a cualquier otra y no había libertad interpretativa; "sólo la que habían fijado los cinco magistrados de la Sala Constitucional". Hasta ese momento los actores políticos y la sociedad civil podían escoger si apoyaban o no las acciones del Presidente de la República, a partir de entonces sólo la autorizada. A partir del 14 de abril, aparece en escena un nuevo líder social, aparentemente más auténtico que todos los anteriores, dedicado a tiempo completo a consolidar una organización de ciudadanos que defienda el Proyecto Revolucionario Bolivariano, para facilitar la permanencia del Presidente en el poder. Para lograr ese objetivo estratégico y de sobrevivencia política, parece ya no necesitar la estructura formal de Poder Público creada en la Constitución y que hasta hace muy poco parecía ser el sustento de su poder político. Sólo así se explica que el Chávez acongojado, arrepentido, que vimos todos los venezolanos y el mundo entero pidiendo perdón, públicamente diga hoy que le da lo mismo lo que puedan resolver los magistrados del TSJ, porque él, Chávez, no es enjuiciable. Para Chávez, es irrelevante lo que opinen los diputados a la Asamblea Nacional, el CNE, el Contralor, el Defensor del Pueblo, los partidos o grupos políticos, incluso lo que decida el TSJ, porque digan lo que digan o hagan lo que hagan, el tiempo que requiere cualquier salida institucional o constitucional es mucho mayor al que requiere el "soberano" para estar suficientemente organizado y defender a su líder único e indiscutible, de cualquier otra intentona de darle "otro golpe" para sacarlo del poder. El presidente Chávez así lo advirtió: "Si quieren inventar un delito para sacarme con un juicio trucado tienen que explicarles al pueblo y a la Fuerza Armada Nacional". Para concluir, es necesario precisar que el Estado constitucional venezolano presupone que la Constitución sea aceptada y compartida en libertad y democracia; democracia y libertad que a la vez tienen su base y protección en la Constitución misma. Implica, pues, legalidad pero también legitimidad. Comprende tanto la autoridad estatal como la libertad individual y social. Por tanto, la legitimidad del Estado constitucional no puede desligarse del contenido del ordenamiento jurídico; y en cuanto a los elementos externos como la simpatía de los gobernantes, su carisma, personalidad, tradición; los inventos míticos relacionados con su persona o investidura, o ideologías mesiánicas que lo hacen profeta y salvador, nunca deben ni pueden suplantar los valores y principios democráticos ni el equilibrio de las ramas del Poder Público, ni el sometimiento a la ley. Por eso la legitimidad queda enmarcada en el estado de derecho; de no ser así hemos de entonar el réquiem de su caída.