Presos hacinados por retardo procesal

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    Valencia, 1 de octubre de 2014.- Cuando una persona comete un delito, por pequeño o grave que sea, debe ser procesado por el sistema de justicia venezolano y, luego de efectuada la investigación, debe ser sentenciada. Si es inocente quedará en libertad y si no, cumplirá una condena. Eso es lo que sucede en la teoría, en la práctica es completamente diferente.

    Especialistas en materia penitenciaria indican que el presunto delincuente, que será “presunto” hasta que se demuestre lo contrario, debe ser procesado, pero resaltan que durante este lapso el señalado no debe estar sometido a cumplir lo que se conoce como una “pena accesoria”, que es atravesar un proceso y una condena de forma deprimente y en condiciones deplorables que pueden ser calificadas incluso como tortura y trato cruel.

    Esta realidad la viven desde hace años las personas que se encuentran privadas de libertad en los centros de reclusión que, como bien es sabido, están sobre poblados, pero también la están atravesando, y de peor forma, aquellos que se encuentran detenidos en las estaciones policiales estadales y municipales del país, donde han permanecido desde principios de año, cuando se ordenó desde el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, la suspensión de traslados a las cárceles.

    Esta medida lo que ha ocasionado es un hacinamiento en los calabozos de las policías, que ha dado pie a fugas, motines, intentos de fuga, enfermedades y niveles muy bajos de tolerancia entre los detenidos. La situación afecta al preso, a la familia, a los policías y, cuando ocurre una evasión, al colectivo en general.

    Humberto Prado, coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP); asegura que la cifra de detenidos en comandos policiales en el país alcanza los 15 mil, y de esos, al menos 800 están en Carabobo, número que debería estar muy por debajo.

    La razón de que los traslados estén suspendidos desde el pasado mes de marzo es desconocida por Prado y por los abogados litigantes y penalistas, solo se sabe que obedece a una política gubernamental, sin embargo, se dice que sería la “falta de cupo” en los penales lo que obligaría a los directores de policías a tener a los detenidos allí por semanas, e inclusive meses.

    Sobre esto el abogado penalista, Alfonso Granadillo, quien es vicepresidente del Colegio de Abogados de Carabobo; recuerda que los detenidos no deberían estar en los comandos policiales más de 48 horas, lapso de tiempo en que son presentados ante el Ministerio Público, donde un juez, basado en los elementos de convicción presentados, deja libre a la persona o le ratifica la medida privativa de libertad y fija el sitio de reclusión.

    Sin embargo, -resalta Granadillo- desde hace meses “se le ocurre al Gobierno mantener a los presos en las policías los primeros 45 días que dura la investigación, para posteriormente, si son privados de libertad, enviarlos a un centro de reclusión, pero como los jueces son autónomos en cuanto al dictamen de su sentencia, en todos estos casos se ha ordenado un sitio de reclusión distinto por esos 45 días”.

    Y desde que esto está ocurriendo en los calabozos de los comandos los presos están hacinados, y el daño que les está haciendo esto es grave e incurre en una violación de sus derechos humanos.

    Humberto Prado indica que el problema no es del preso, ni de la cárcel, sino de los operadores de justicia, porque una persona cuando comete un delito y lo agarran tiene que ir a la cárcel, pero lo que no dice la ley es que la persona debe dormir en el piso y comer con las manos. “Uno no habla de que tienen que tener privilegios, sino de que deben existir unas condiciones dignas para que esta persona, a su regreso a la sociedad, por lo menos se desenvuelva mejor”.

    Fugas, motines, enfermedades y alteraciones por hacinamiento

    En Carabobo, como en el resto del país, la situación es crítica, pero el silencio impera entre la mayoría de los comandantes de las policías.

    Fuentes extraoficiales dieron cuenta de la cantidad de detenidos que hay en algunas comandancias, como es el caso de la Policía Municipal de Valencia donde la capacidad es para 20 personas y hay 77 detenidos. En Poli-Guacara hay 56 presos y la capacidad es para 30. En Poli-San Diego tienen a 27 privados de libertad y solo pueden tener 6.

    También hay hacinamiento en la PNB donde hay más de 40 detenidos en calabozos que están diseñados solo para 24. En Poli-Naguanagua la cifra llega a 24 y su capacidad es de 12; en la PC de Puerto Cabello, que es conocida como La Zulia, hay unos 150 detenidos, mientras que en la PM de ese mismo municipio hay 36 detenidos en un pasillo porque no hay calabozos.

    En las sedes del Cicpc la situación no era muy diferente, pero mejoró, pues la semana pasada se aprobaron grandes traslados que las descongestionaron. Sin embargo, se supo que en la Base La Florida hubo 22 detenidos donde podrían estar 4, en la Base Los Caobos estaban 17 en un espacio de 4, mientras que en la subdelegación Valencia, ubicada en Plaza de Toros, había más de 130 donde pueden estar 40 personas. Allí tenían que dormir por turnos y existían casos de escabiosis (sarna) y otras infecciones.

    Según explica Alfonso Granadillo, estas personas deberían tener un mínimo de espacio para que puedan hacer sus necesidades y pasar sus días. “Es vital que tomen sol, que hagan ejercicio, que caminen mientras están privados de libertad, y en los comandos policiales no pueden hacer eso”.

    Aunado a eso -dice Prado- los detenidos están siendo tratados por los mismos policías que los detuvieron y eso genera un efecto negativo en ambos, puesto que el funcionario no está formado para atender presos, sino para detener y prevenir el delito, por eso es que tienen que pasar inmediatamente a otro sitio. “¿Usted se imagina lo que significa para un preso que se le ‘rebotó’ al policía en la detención verlo las 24 horas del día?”.

    Y se suma al problema el hecho de que esos calabozos no están diseñados como sitios de reclusión, sino de retención. Sus paredes son más delgadas y los muros más pequeños.

    Cárceles “sin cupo” por retardo procesal

    La falta de “cupo” en las cárceles atiende a la sobre población y esto es consecuencia del retardo procesal que hay.

    Granadillo detalla que el retardo procesal puede ocurrir por múltiples factores, como lo son: que el autobús que traslada al procesado esté accidentado y por ende no lo pueda llevar al tribunal; que el abogado defensor, bien sea público o privado, no asista a la audiencia; que el imputado no se presente al momento del traslado; que el fiscal o el juez no vayan a la audiencia o que se vaya la luz en el Palacio de Justicia.

    Todo esto alarga el tiempo de reclusión hasta dos, tres y cuatro años, tiempo que llega a transcurrir sin que el detenido sea presentado ante el tribunal para conocer de su causa.

    El más claro ejemplo de retardo procesal es lo que ocurre en el Internado Judicial Carabobo, que es mejor conocido como penal de Tocuyito.

    Según cifras aportadas por el OVP, esa cárcel, que tiene una capacidad para 800 presos, alberga una población reclusa de 5 mil 500 personas, de las que solo el 20 por ciento tiene una sentencia firme, mientras que el 80 restante está procesado. Todo esto ha hecho que Tocuyito sea la cárcel más violenta del país y la segunda más hacinada. La primera es Tocorón, con 7 mil presos, pese a su capacidad de 750.

    Para Prado construir cárceles no resuelve el problema del hacinamiento. Según su criterio esta crisis penitenciaria se resuelve impulsando una política integral de reforma del sistema de justicia del país y asegura que si en Venezuela existiera un poder judicial que sentenciara a tiempo, no existiera el retardo, y si hubiese operadores de justicia que otorguen medidas a tiempo a las personas, no habría hacinamiento.

    “Si tuviésemos centros de reclusión como centros de cumplimiento de pena para condenados, y tuviésemos otros internados para los procesados, y unos centros preventivos de libertad para los que son capturados, tendríamos la escalera completa”, insiste.

    Pero contrario a ello -continúa- las cárceles están en manos de malos gerentes que no están pendientes de reformar a los presos, mientras que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios es dirigido por personas que se han dedicado a improvisar, “de allí que tengamos la pobre justicia humana que hoy en día nos damos en nuestro país”.

    Sin lugar a dudas, Humberto Prado considera que lo que están atravesando los presos de las estaciones policiales y los que se encuentran en penales, lejos de reformarlos los convierte en seres más crueles de lo que un día fueron y los aleja del sueño de libertad que un día tuvieron.

    El sueño se acabó. No hay sueño. Solo una carrera y una lucha por sobrevivir entre paredes que huelen a cárcel, que huelen a preso.

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