La salud no debe ser una mercancía (888)

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El debate sigue siendo entre considerar la salud como una mercancía, como un bien privado, según el cual cada quien tiene la salud que puede pagar, o como un derecho, un derecho humano y social, un bien público, por tanto responsabilidad del Estado garantizarla. EEUU cuenta con un sistema de salud totalmente privatizado, el más caro e ineficiente del mundo, reino de la salud como mercancía. 

En la actualidad, desde el pensamiento progresista, conocido como la corriente de la Medicina Social, de origen latinoamericano, se ha avanzado en construir la categoría salud como un derecho, como un proceso, el proceso salud-enfermedad, determinada socialmente y condicionada histórica y culturalmente. Más recientemente, desde la cosmogonía andina indígena ancestral, se entiende la salud como Buen Vivir

En nuestro país se han dado pasos importantes en lograr que se asuma la salud como un derecho. La Constitución del 99 estableció la salud como un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. Con la intención de garantizar ese derecho, en estos quince años de gobierno, se han hecho importantes esfuerzos por brindar más y mejor atención médica a la población. Las Misiones sociales, en particular Barrio Adentro que ha permitido construir más de 6000 nuevos consultorios y más de 600 centros de Diagnóstico Integral, son muestra de esto. Y no solo se ha incrementado la atención médica, individual, curativa, sino que se han atacado otros asuntos que tienen que ver con esa concepción de la salud como Buen Vivir: educación, empleo, cultura, vivienda, entre otros logros. Sin embargo, aún estamos lejos de garantizar el derecho a la salud. Son evidentes las fallas en la atención hospitalaria, o las deficiencias de la red ambulatoria y el insuficiente control de epidemias por fallas en el saneamiento ambiental. 

Vale destacar que el proceso de privatización del sector no solo no se ha detenido se ha incrementado. Las clínicas privadas, desde las más costosas hasta las menos sofisticadas, se han multiplicado, y lo más alarmante es que lo han hecho a expensas del sector público que las financia. Los seguros privados (HCM o autoadministrados) de las diversas instancias del gobierno le proporcionan al sector privado de la salud el grueso de sus ingresos. Según la Alianza Interinstitucional por la Salud, que agrupa 35 de las mayores instituciones de salud del Estado venezolano, de cada 100 bolívares que ingresan a una clínica privada en cualquier parte del país no menos de 70 provienen del sector público. El monto anual que perciben las clínicas privadas provenientes del sector público equivale al presupuesto del Ministerio de Salud. Es decir, el gobierno venezolano viene financiando cada vez más la privatización del sector salud. No es posible garantizar el derecho a la salud de la población venezolana hasta tanto no se detenga esta sangría que representa la medicina curativa privada que multiplica exponencialmente los costos, dada la dinámica a la que no puede escapar la salud como una mercancía dirigida a la ganancia, al lucro. No hay duda de que a pesar de lo establecido en la Constitución y las declaraciones de los voceros oficiales sobre la salud como derecho son el sector privado de la salud y la industria farmacéutica y tecno-médica los grandes beneficiarios de la salud como mercancía todavía vigente en nuestro país. Se impone desarrollar una política de disminución de los seguros HCM gubernamentales acompañada de una clara mejoría en la calidad de los servicios de atención pública a donde deben ser progresivamente transferidos los beneficiarios de tales seguros. Asimismo se requiere una audaz política de producción pública de medicamentos genéricos, para su distribución masiva y gratuita en la red pública de atención médica, para romper la perversa situación actual donde el 90 por ciento de los medicamentos que se consumen en el país son importados, por lo demás controlado este mercado por la industria farmacéutica, que le permite por una parte obtener dólares preferenciales pero al mismo tiempo encarecer indeteniblemente el precio de los medicamentos, además, por otra parte, logran planificar un desabastecimiento programado que contribuye a la guerra económica y a la neurotización colectiva en marcha en nuestro país.

Todas las tareas planteadas exigen un gran esfuerzo del gobierno nacional, pero que sin la participación activa, consciente, crítica y organizada de la población no tendrán posibilidad de ser exitosas.

 

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