Solicitan ante La Haya investigar a Maduro, Cabello y Rodríguez Torres

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Redacción Internacional, 7 de abril 2014.- Tres diputados de Argentina, Bolivia y Perú solicitaron ayer a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya que investigue al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a otros funcionarios de su Gobierno por presuntos crímenes de lesa humanidad. 

La presentación ante la Fiscalía de la CPI fue realizada por la diputada argentina Cornelia Schmidt Liermann, del partido Propuesta Republicana (Pro); el parlamentario boliviano Adrián Oliva, de Convergencia Nacional; y la peruana Cecilia Chacón, de Fuerza Popular. 

Los parlamentarios indicaron en un comunicado que pidieron que se investiguen "las violaciones generalizadas y sistemáticas de Derechos Humanos ejecutadas por cuerpos militares, policiales, milicias y paramilitares, durante los días previos y posteriores a las celebraciones del Día de la Juventud, el pasado 12 de febrero", cuando murieron tres personas. 
"Le solicitamos dar apertura de oficio a una investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad", indicaron los diputados en su presentación ante la Corte, que acompañaron con un informe sobre lo ocurrido el 12 de febrero. 

Los denunciantes pidieron que, "de ser el caso", la Fiscalía de la CPI "determine la eventual responsabilidad penal individual" de Nicolás Maduro Moros, del presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Diosdado Cabello Rondón; y del ministro de Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. 

La denuncia también alcanza a la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz; y a la defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez, "reconocidas militantes políticas del oficialismo", destaca la presentación. 

Según los denunciantes, hay "elementos que tipifican, palmariamente crímenes de lesa humanidad por haber ocurrido durante los días indicados asesinatos, torturas, violación y detenciones masivas e indiscriminadas, en el marco de una persecución de Estado dirigida de modo generalizado y sistemático sobre un grupo de civiles". 

Para los parlamentarios, en estos casos hubo motivaciones políticas, "con conocimiento previo de dicho ataque por sus responsables, y enmarcado todo ello dentro de una clara y definitiva política de Estado, estructurada progresivamente y de modo previo a los hechos sucedidos, orientada a la segregación de dicho sector político opositor dentro de la vida nacional". 

 

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