La terrible desconfianza de los árbitros

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La situación de dependencia de los poderes en Venezuela quedó en evidencia una vez más esta semana, empezandito con la apertura del Año Judicial.

En un país donde hubo 3 mil 482 detenciones, mil 968 personas sometidas a juicio penal bajo medidas cautelares y 63 aún presas desde el año pasado por las protestas que duraron más de tres meses, un país donde desde el Presidente de la República para abajo, políticos y líderes de todas las tendencias pidieron un diálogo para superar la crisis, donde hay una división nacional política inmensa, los magistrados tomaron una vez más partido por el Gobierno -como que si los juicios a los que me refiero aún no estuvieran pendientes- pronunciándose de una vez por la culpabilidad de todos los manifestantes enjuiciados, en momentos en que más que nunca se requiere de organismos públicos en quién confiar. La magistrado presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez, dijo en su discurso de apertura que “apenas iniciando su curso (el 2014), se sucedió en nuestro país una relación de circunstancias que pretendieron perturbar la institucionalidad y la paz colectiva, ante lo cual fueron presentados por habitantes de diferentes municipios demandas por derechos e intereses colectivos que fueron admitidos por la sala Constitucional,  decretando así mismo amparos constitucionales respecto a los derechos constitucionales de la ciudadanía que se vieron conculcados por grupos de personas cuyas acciones inicialmente de obstaculización de las calles y avenidas, al margen de la ley, actuaron con ensañamiento, ejecutaron acciones de violencia terrorista ante la inactividad de determinadas autoridades locales… (y) atendiendo a estas situaciones que afectaban la paz pública y los derechos constitucionales, los diferentes tribunales penales de la República se mantuvieron procesando, según las normas aplicables, numerosas causas por delitos vinculados por estos hechos”.

Es decir, ya todos los acusados e implicados están sentenciados. Todas las protestas ya están calificadas. Qué libertad de Leopoldo López ni qué niño muerto…

Del otro lado, del lado del Gobierno y las Fuerzas Armadas Bolivarianas, no hay culpables. Del Gobierno actual se declara el TSJ “bastión” de su derecho, por “la defensa de la estabilidad de la República”.

No en vano, el Presidente Maduro, inmediatamente después del discurso, aprovechó esa declaración para solicitar una sentencia del tribunal contra  las sanciones que los Estados Unidos  han aplicado contra funcionarios venezolanos. Yo no dudo en forma alguna que esa sentencia salga más rápido que inmediatamente y obstaculice, por supuesto, el diálogo con EE.UU., con o sin Ernesto Samper.

Por cierto, que la incondicionalidad  manifiesta en Venezuela no es privativa de los venezolanos. Se expresa, por ejemplo, en la velocidad con que el secretario general de Unasur, no solamente respondió al llamado de Nicolás Maduro para mediar con los Estados Unidos, sino que se presentó en Venezuela en el término de la distancia para declarar, apoyar al Gobierno venezolano y darle respiración de boca a boca al diálogo con la oposición, muerto por  razones harto conocidas. Si lo primero que quería la oposición era que le liberaran a todos los presos políticos, nadie puede creer en un descongelamiento de las conversaciones después de oír a la magistrado Gutiérrez o a Samper, quien, sin visa gringa pero con voluntad de ser útil, habló por el presidente Maduro, no solamente sobre su voluntad de amistarse con EE.UU., sino acerca de la intención de querer un diálogo discreto, sin enfrentamiento mediático (es decir, sin periodistas) y donde se excluya el tema de la violencia y la protesta callejera como forma de presión. Así pasa de negociador del diálogo con EE.UU. y la oposición  venezolana, a portavoz del Gobierno venezolano.

¿Cuál es la lección de todos estos aportes, tanto de elementos del poder judicial criollo como de la diplomacia internacional para el ciudadano común?

Yo diría que darse cuenta, una vez más, que como en los árbitros y en los jueces se confía no solo porque saben mucho, sino porque son imparciales, habrá que buscar otros confiables para Venezuela. Nada hacen por nosotros quienes en vez de desmontar la división nacional, la fomentan, sembrándonos desconfianza.

La unión del país no se logra con la exclusión y la condena de ninguno de los sectores en los que nos hemos dividido. Ni tampoco desechando los derechos de ninguna de las partes de este conflicto “de baja intensidad” en el que vivimos.

(*) Periodista; editora jefe de la corresponsalía de Notitarde en Caracas.

E-mail: [email protected]

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