Trabajadores de Hermo exigen a autoridades activar la planta

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Caracas, 07 de Octubre 2014.- Héctor Mendoza, representante de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT),Caracas y Miranda, y asesor del sindicato de la Hermo de Venezuela, exige que se les garantice a sus trabajadores los beneficios de Ley, contrato colectivo y que se reactiven las actividades dentro de la planta de tratamiento de Santa Teresa.

“Nosotros como trabajadores estamos preocupados por el cierre que impone la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, la cual ordenó a la Guardia Nacional (GN) la ocupación y paralización de la planta. Alegan que un tercero, vecino de la empresa, denuncia a la planta diciendo que tiene olores fuertes que contaminan el ambiente; eso es totalmente falso. Este señor denuncia a la GN y a la Alcaldía, pero como Hermo supuestamente contamina nos cierran la empresa” y alertó que con la paralización de la planta, ubicada en Santa Teresa del Tuy, estado Miranda, más de 800 trabajadores se verán afectados.

El representante sindical asegura: “el juez es un irresponsable, porque no evaluó que la empresa tiene 800 empleados directos y más de 300 indirectos”.

“¿Dónde van a quedar las utilidades de los 800 empleados? ¿Las vacaciones y los salarios? Mañana consignaremos un documento en el Ministerio del Trabajo, porque no sabemos qué va a suceder con nosotros”, explicó Mendoza.

Indicó: “hemos visto como trabajadores los informes de la empresa en los que demuestra que se mantiene dentro de los límites y parámetros que imponen las Normas COVENIN, con relación al tema de la contaminación ambiental”.

Hermo de Venezuela advierte que paralizar la planta de Santa Teresa significa detener la compra de más de 5.000 toneladas de materia cárnica (pollo, pavo, res y cerdo), “las cuales se transformarían en más de 7.000 toneladas de productos elaborados en favor de la familia venezolana”.

Si se mantiene el cierre, “se paraliza la compra de insumos y se paraliza el abastecimiento del mercado”.

La empresa informó que está haciendo todos los esfuerzos constitucionales y legales para que la medida sea revocada de inmediato, “por atentar contra las políticas de soberanía y seguridad alimentarias”.

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