Tratos crueles denuncian jóvenes detenidos en protestas

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Caracas, 23 de febrero de 2014.- Una costilla rota a golpes y culatazos, quemaduras por perdigones, contusiones en la cabeza por cachazos y hematomas por patadas son las marcas  que le dejaron al fotógrafo Gabriel Osorio seis guardias nacionales (GNB) por estar tomando imágenes de las protestas estudiantiles en Chacao, el pasado 15 de febrero. Los uniformados portaban pistolas 9 mm, según el agredido, y aunque no se llevaron su equipo de trabajo, le robaron la cartera. 

Apenas se identificó como “prensa”, emprendieron la golpiza. La denuncia de Osorio (que llevará a la Fiscalía), es uno de los señalamientos que se presentan  contra los funcionarios de este cuerpo de la Fuerza Armada y otros organismos policiales por violar los derechos de manifestantes al momento de reprimir las protestas de la última semana.

El abogado de Foro Penal, Gonzalo Himiob, señaló que desde el 12 de febrero tienen documentadas denuncias de maltratos y torturas al menos a 34 jóvenes en Caracas y Valencia.

En la sede del Cicpc en Parque Carabobo, el 12 de febrero, 16 manifestantes fueron golpeados por policías. En Valencia, de 12 jóvenes apresados, dos fueron rociados con gasolina y amenazados con quemarlos. A otros cuatro detenidos en el Sebin en Caracas se les aplicó electricidad en un interrogatorio, señaló. 
Según la Ley contra la Tortura aprobada en junio de 2013 por la Asamblea Nacional, se tipifica entre los delitos la tortura, el trato cruel, el trato degradante y el maltrato psicológico. 

Sobre el uso de la fuerza pública, el canciller Elías Jaua dijo  que  se estaría ante la solicitud de que el Estado claudique “si se niega el derecho a la GNB o a la Policía Nacional de que despeje una vía usando gases lacrimógenos, o colocando piquetes para impedir que estos grupos violentos impidan el libre tránsito, o destruyan instalaciones públicas”

Perdigonazos. El artículo 68 de la Constitución Nacional prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas.
Un arma reglamentaria para contener las manifestaciones públicas es la escopeta con perdigones de goma. Pero con esa misma arma,  hirieron de gravedad a dos jóvenes: Roberto González (20/02/14) en la avenida Panteón, Caracas) y Geraldine Moreno Orozco, de 23 años en Valencia, quien falleció el 22/02/14 después de tres días por herida en el rostro a quemarropa, con balines “que no eran de plástico sino de hierro”, aseguró la prima de la joven, Lisset Madía.  

De acuerdo con las denunciadas recopiladas por las organizaciones Foro Penal y Centro de Derechos Humanos de la Ucab (CDH-Ucab), los manifestantes recibieron disparos con armas de fuego. También acusan maltratos durante las detenciones. Además, señalan un patrón: el robo de celulares y cámaras para borrar las fotos y videos de los abusos de autoridad, explicó Ligia Bolívar, directora del CDH-Ucab.

Violación a la ley. El Foro Penal, Provea y el CDH-Ucab coinciden en que las consecuencias del uso desmedido de la fuerza viola acuerdos internacionales y la Ley contra la Tortura. Según Bolívar, para verificar casos de maltrato es necesario que se le garantice a la persona su derecho a la comunicación privada con familiares, abogados o médicos de confianza. “En el caso de las detenciones a estudiantes pocas veces se cumplió. Casi siempre estuvo presente un funcionario al lado”, señaló. 

 Según el Foro Penal, se registran hasta la fecha 506 detenciones en todo el país desde que comenzaron las protestas el 12 de febrero, cuando los estudiantes marcharon hasta el Ministerio Público, y asesinaron de un disparo en la cabeza al joven Bassil Dacosta y al policía y miembro de un colectivo, Juan “Juancho” Montoya.

La fiscal general, Luisa Ortega, indicó este viernes que 80 personas fueron detenidas el pasado jueves en Caracas, Anzoátegui, Carabobo y Lara. Señaló que ocho personas han muerto en las protestas. 

Ortega Díaz también afirmó que el MP no tiene pruebas de la presunta violación con un fusil de Juan Manuel Carrasco, uno de los jóvenes detenidos en Valencia que denunció ante el Foro Penal este delito. 

Sin embargo, la madre de Carrasco, Rebeca González de Carrasco, invitó a la Fiscal General, presidenta del TSJ y defensora a que certifiquen el estado de salud de su hijo, “vilmente maltratado, humillado y violado por la GN”.

La Defensora Gabriela Ramírez aseguró por Globovisión (21/02/14) que no había evidencias de que Carrasco “fuese violentado”. Sin embargo, indicó que la Fiscalía  “instruyó un nuevo examen médico forense”.

 Ramírez indicó que los cuerpos de seguridad que controlan las protestas deben hacerlo con “uso progresivo de las fuerzas, de acuerdo al desarrollo de las manifestaciones”. 

 La protesta y la fuerza. “Defendemos el derecho a la protesta pública y pacífica. Cerrar una calle, quemar cauchos o basura no es violencia, sino herramientas históricas de lucha del movimiento popular venezolano”, agregó Rafael Uzcátegui, activista de DDHH. “La tesis del golpe de Estado detrás de las manifestaciones que maneja el Gobierno da luz verde a los grupos parapoliciales”, apuntó. 

Para Oscar Murillo, miembro de la asamblea de Provea, “el uso desmedido de la fuerza y grupos colectivos denota la falta de método para manejo de las protestas en Venezuela”.

Ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) manifestó preocupación sobre denuncias desde Venezuela por “un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado”. 

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