TSJ prohíbe protestas pacíficas sin permisos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Caracas, abril 24.- El derecho a la protesta pacífica no es absoluto y admite restricciones para su ejercicio, concluyó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que precisó que cualquier tipo de acción de calle que no haya sido debidamente autorizada por los alcaldes o gobernadores podrá ser dispersada por la policía, incluso cuando no se haya registrado ninguna alteración del orden público.

“Resulta obligatorio para los partidos y/o organizaciones políticas, así como para todos los ciudadanos, -cuando éstos decidan efectuar reuniones públicas o manifestaciones- agotar el procedimiento administrativo de autorización ante la primera autoridad civil de la jurisdicción correspondiente, para de esta manera poder ejercer cabalmente su derecho constitucional a la manifestación pacífica”, señaló el texto del veredicto.

La Sala Constitucional tomó esta decisión tras estudiar el recurso de interpretación presentado por el alcalde de Guacara, Gerardo Sánchez, quien, representado por el abogado Hermann Escarrá, solicitó a los magistrados precisar el alcance del artículo 68 de la Carta Magna.

La alta corte enfatizó que los cuerpos de seguridad tienen la obligación de garantizar el derecho de los ciudadanos a manifestar pacíficamente, pero destacó también que deben impedir que, en el curso de la protesta, se cometan excesos que pueden ocasionar lesiones o amenazas de violación de otras garantías ciudadanas, como el libre tránsito.

Aclaró que obligatoriamente los funcionarios policiales deben evitar el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas para controlar las acciones de calle.

La Sala Constitucional enfatizó que si los promotores de una manifestación no cumplen con las disposiciones tomadas por el Alcalde o Gobernador, y llevan a cabo la actividad aun cuando haya sido negada o modificadas sus condiciones, se deberá solicitar la intervención del Ministerio Público para que determine la responsabilidad penal por el delito de desobediencia a la autoridad.

El TSJ recalcó que la Carta Magna prevé que se dicten normativas para regular el derecho a la protesta, mandato que, según señaló, cumplió la Asamblea Nacional cuando en diciembre de 2010 dictó la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, publicada en la Gaceta Oficial 6.013 Extraordinaria.

Indicó que esta normativa establece que los organizadores de cualquier acción de calle deben participar por escrito al alcalde respectivo con un plazo mínimo de 24 horas de antelación. Resaltó que en esta solicitud de autorización se debe precisar el día, hora e itinerario del recorrido, así como el objetivo general de la protesta. Destacó que la autoridad tiene la potestad de fijar condiciones para la realización de la actividad.

El máximo juzgado apuntó que si la petición es rechazada o se introducen cambios que no satisfagan a los promotores se puede solicitar una reconsideración al correspondiente gobernador, alcalde metropolitano o jefe de gobierno de distrito.

El TSJ dejó en claro que la primera autoridad civil tiene la facultad de fijar periódicamente, mediante resoluciones publicadas en gacetas, los sitios donde no se podrán realizar reuniones públicas o manifestaciones.

El alcalde Gerardo Sánchez alegó que, en vista de su condición de primera autoridad civil del municipio, necesitaba despejar todas las dudas en torno a la forma cómo debe actuar ante manifestaciones pacíficas.

La sentencia se basó sobre ponencia de Arcadio Delgado Rosales y contó con el respaldo unánime de Gladys Gutiérrez, Francisco Carrasquero, Luisa Estella Morales, Marcos Tulio Dugarte, Carmen Zuleta de Merchán y Juan José Mendoza.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Compartir