Vinculan a hija de Chávez en escándalo de corrupción

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Valencia, 7 julio 2014.- Lo usual es que los hechos de corrupción sean denunciados por una persona, o a lo sumo por una empresa. Este caso es inédito, porque todo un sector económico, el arrocero, sabe que hay gato encerrado en ciertas exportaciones argentinas a Venezuela y dio aviso a las más altas autoridades del país, sin que nada cambie. En los embarques de arroz dirigidos al país caribeño, la única beneficiada es una firma desconocida en el sector, que vende a precios muy inflados y cuyos dueños tienen trato directo con el ministro Julio De Vido, el embajador Carlos Cheppi, y hasta con María Gabriela Chávez, hija del fallecido líder venezolano.

Los directivos de la Federación Nacional de Entidades Arroceras (Fedenar) olían algo raro hace rato. En octubre de 2013 alertaron sobre “la incursión de una nueva empresa en las negociaciones comerciales con Venezuela”. Antes, en mayo de 2013, se había firmado un acuerdo bilateral para la exportación de 80.000 toneladas de Arroz Paddy, como se denomina al grano sin procesar, todavía con cáscara. El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, había hecho el anuncio en la Casa Rosada, durante una visita al país de Nicolás Maduro. Urribarri informó que el negocio sería hecho por los propios arroceros, sin intermediarios. Y agradeció con énfasis las gestiones de Cheppi y De Vido.

Muy pronto los arroceros sabrían que no había nada que celebrar. Una ignota empresa santafesina llamada Bioart SA, fue la única en recibir los permisos para exportar ese grano a Venezuela. En marzo, ante la mirada atónita del sector, embarcó 10.247 toneladas. Y el 16 de junio salieron del puerto de San Pedro otras 27.500 toneladas de arroz con cáscara, por valor de 16.678.750 dólares. En total los negocios suman US$ 23 millones. Bioart SA realizó estas ventas a Venezuela con un impresionante sobreprecio, cercano al 30%.

¿Quién está detrás de Bioart SA? La empresa nació en 2009, pero recién en noviembre de 2013 se inscribió en la AFIP en el rubro “Venta al por mayor de cereales”. En los papeles sus titulares son María Isabel y María Eugenia Vignati, dos jóvenes hermanas de Arteaga, modesto pueblo ubicado a 110 kilómetros de Rosario. Pero la cara visible es la de Roberto Vignati, su hermano mayor. El empresario, de 35 años, viajó a Caracas en febrero de 2013 (meses antes del acuerdo) en una comitiva que acompañó a De Vido. En aquel momento ni soñaba con exportar arroz. Simplemente iba a ofrecer los silos de La Marisa SA, una fábrica de Arteaga vinculada a su familia materna.

Diversos testimonios recogidos por Clarín dan cuenta que Vignati ha tenido un notable progreso económico, que no disimula ni en su propio pueblo. En las redes sociales tampoco oculta tener profunda admiración por Néstor y Cristina Kirchner y por el fallecido Hugo Chávez. El joven viaja seguido a Venezuela y tiene muy buenos vínculos con la política local. Un mes antes de comenzar con los embarques de arroz, en febrero, estuvo con Cheppi y la hija de Chávez.

Los arroceros de verdad, mientras tanto, intentaron de todo para recuperar el negocio. A fin de enero, Fedenar planteó sus quejas ante el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, que se hicieron los distraídos. También protestó sin resultado ante la Secretaría de Comercio Interior, que entregó los permisos de exportación. Su más decidido intento para torcer la historia fue recurrir, el 25 de enero, al gobernador Urribarri, quien compartía en ese momento un viaje a Cuba con Cristina Kirchner. El precandidato K prometió interceder ante la Presidenta. Luego de aquello hubo silencio de radio.

“Estos negocios benefician a unos pocos empresarios y perjudican a muchos argentinos”, señaló hace pocos días un comunicado de la Cámara de Industriales Arroceros de Entre Ríos. Las dudosas exportaciones de arroz a Venezuela ya se habían concretado.

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