Violación de DDHH en la Alcaldía de Valencia

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El pasado jueves 4 de Octubre se registró un evento en extremo preocupante por sus implicaciones y consecuencias legales: La detención arbitraria de trabajadores que ejercían su derecho a la protesta. Los ciudadanos en cuestión son funcionarios adscritos al matadero dependiente de la Alcaldía de Valencia (Carabobo) y desde hacía un par de semanas atrás habían expresado a viva voz, con el rostro descubierto, en las instalaciones del gobierno municipal, su disconformidad con la reiterada violación de la contratación colectiva por parte del patrón.

El día referido, estos trabajadores insistían en ejercer la protesta pacífica, sin armas y sin obstrucción de la vía pública como lo establece la legislación vigente, sin embargo, fueron sorprendidos por una comisión de la Policía Municipal y detenidos de forma arbitraria, con amenazas y malos tratos mediante, acusándoles falsamente de “alteración al orden público” y “terrorismo”. A la fecha, aún continúan detenidos, pese a que varios de estos ciudadanos gozan de fuero sindical.

Estos eventos constituyen una violación de DDHH de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sus perpetradores, es decir, toda la cadena de mando, desde el Alcalde, Alejandro Marvez, pasando por el Comandante de la Policía y finalizando por los efectivos que practicaron la detención, son procesables por delitos contra la libre sindicalización, la violación de la libertad de expresión, la simulación de hecho punible y la intimidación pública en contra de estos humildes trabajadores.

Si en la Venezuela de hoy existiese la plena vigencia del Estado de Derecho, tanto la Defensoría del Pueblo como la Fiscalía hubiesen solicitado la liberación inmediata de los detenidos y se hubiera iniciado una investigación contra el Alcalde de Valencia y sus efectivos policiales. Contrariamente, el alcalde, por ser un alcalde oficialista, goza de una “patente de corso” proporcionada por la dictadura para violar derechos humanos con total impunidad. Es necesario recordar que los delitos contra los DDHH no prescriben y algún día la justicia llegará y nadie podrá excusarse esgrimiendo el argumento de la “obediencia debida”, ni el que dio la orden, ni el que la ejecutó.

Julio Castellanos / [email protected] / @rockypolitica

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