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Notitarde.- El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York presentará demanda de anulación a la nueva regla de «carga pública», dada a conocer por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y que entraría en vigencia el próximo 15 de octubre.

Con el respaldo de fuerzas políticas y funcionarios electos de la Gran Manzana, los estados de Connecticut y Vermont. Además, con el aval de decenas de organizaciones y líderes comunitarios.

Asimismo, la fiscal general estatal, Letitia James, quien lidera la coalición, mostrará una demanda para bloquear el nuevo reglamento de la administración Trump.

James, alegó que se ignora “un siglo de jurisprudencia y leyes que sostienen que los inmigrantes que usan beneficios básicos no monetarios o en efectivo. No se consideran «cargas públicas», porque no dependen principalmente del Gobierno”.

Igualmente, la fiscal de Nueva York explicó que “la propuesta del Gobierno federal, malinterpreta el propósito de los programas no monetarios. Que han sido diseñados para ayudar a los inmigrantes. Que llegan con medios limitados, a salir de la pobreza”.

Artículo primero de la Constitución

Del mismo modo, el congresista Adriano Espaillat, establece que se está violentado el artículo primero de la Constitución. Donde se garantiza independencia al Congreso, para que los fondos sean asignados a diferentes programas.

Espaillat indicó que “el Presidente Trump, con esta posición muy reaccionaria, trata de obviar realmente ese derecho constitucional de la rama legislativa. Esa es una de las bases de la demanda”.

Cabe destacar, que Nueva York se suma a más de 15 estados, incluidos California, Washington y Pensilvania. Que también han presentado una demanda para impugnar la controvertida norma.

Coaliciones similares con recursos interpuestos en las cortes. Han puesto muros de contención a otros anuncios de la administración de Trump.

Claves del reglamento de “carga pública”

La propuesta define una «carga pública» como un extranjero que recibe uno o más públicos beneficios. Se incorpora el criterio sobre el uso de esas ayudas en “monetizables” y “no monetizables”. Para evaluar si un extranjero ha hecho uso excesivo de programas sociales.

Se especifica en la nueva norma, que un extranjero es una “carga pública” si recibe uno o más beneficios públicos. Durante más de 12 meses, en el agregado, dentro de cualquier período de 36 meses.

El reglamento de “carga pública”, que entraría en vigencia el próximo 15 de octubre. Pondrá en camino a la deportación a los inmigrantes a quienes se rechace sus peticiones de Residencia Permanente o extensión de estancia en el país.

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