Rubén Limas: Un Ingreso Mínimo Vital

Rubén Limas - Notitarde

Es llover sobre mojado el decirle a los ciudadanos, lo que ya se sabe, más que por cifras y estudios, por experiencia cotidiana. El salario de la clase trabajadora, de la mayoría de los ciudadanos, no alcanza para vivir. No es un fenómeno nuevo, la gravísima crisis humanitaria compleja no retrocede y los venezolanos se encuentran entre la precariedad laboral y el hambre. Esto ya ha sido detectado por la Encovi, varios años consecutivos, pero la inacción nacional solo empeora las cosas. Este es sin duda el peor gobierno de la historia republicana.

Es claro que ingresos tan bajos obligan a la población a reducir la cantidad y calidad de los alimentos que consume la familia. El crecimiento de niños, niñas y adolescentes afectará su futuro, sus capacidades intelectuales y físicas, sus oportunidades y el destino del país. Pero, reitero, a la dictadura esto les resbala, tiene teflón sus conciencias y si por casualidad, se ven precisados a dar alguna respuesta ante este drama, solo abundan las excusas: “es la cuarta”, “el imperio”, “las sanciones”, “el cambio climático”, “la pandemia”, «la iguana» … en justificarse son unos artistas.

No obstante, ante el inmenso vacío de soluciones que muestra el régimen, desde la alternativa democrática no podemos guardar silencio y menos desde Carabobo (este estado es clave para la reactivación económica del país). Hoy deseo llamar la atención de la opinión pública sobre una propuesta hecha hace días atrás por la CEPAL, en voz de su Secretaria General, Alicia Bárcena, quién sostiene: “es necesario que el escenario de recesión económica, complicada por la pandemia, sea afrontada por América Latina con la gestión de un Ingreso Básico de Emergencia para dar soporte integral a las familias y evitar los efectos perniciosos de la caída sostenida del consumo”

Esa no solo es una opinión, es una propuesta con soporte en amplios estudios de campo y documentales de la CEPAL y no está de más decir que si en un país del hemisferio hay la necesidad de tomar nota de esa idea es en Venezuela. No obstante, en nuestro caso, hay que hacer algunos ajustes a esa idea general con base a nuestra dolorosa experiencia nacional. En principio, alguien podría decir que eso ya ocurre con el “Carnet de la Patria” pero tres aspectos muy concretos hacen esa idea risible: 1) Los bonos de la patria están lejos de ser un ingreso mínimo vital, de hecho, un bono en promedio equivale a menos de 4 dólares con los cuáles, a lo sumo, pueden ser adquirido dos o tres productos (1 kilo de harina y algo de queso). 2) La plataforma tecnológica, según los poco creíbles datos emitidos por el régimen, tiene 19 millones de usuarios, es decir, asumiendo que tales datos son reales, hay un segmento importante de la población excluida y 3) La política social anticrisis no puede contemplar medios de control y chantaje político tanto por razones de efectividad como por profundas discrepancias de índole ética.

Alicia Bárcena agrega en reciente entrevista que para implementar un programa de esta índole es “clave el rol de las instituciones financieras internacionales”. Lógicamente, solo es posible reconociendo a un gobierno legítimo por los organismos internacionales,  dado que la comunidad internacional en su mayoría,  no reconoce a este régimen. Este descalabro institucional con consecuencias reales sobre la población solo puede resolverse con una negociación real y concreta entre las partes en conflicto.

Si superamos ese escollo, tenemos otros problemas adicionales. El Ingreso Mínimo Vital debe contemplar para su recepción a la totalidad de la población vulnerable, incluyendo aquellos que no están bancarizados (y por tanto, fuera del sistema financiero) y a quienes están desprovistos de internet o señal telefónica (que están fuera del sistema patria). En ese escenario, difícilmente puede actuar el gobierno nacional, por el contrario, son los gobiernos locales los llamados a tener un rol protagónico en el empadronamiento respectivo y la directa asignación de recursos bajo criterios de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas bajo controles democráticos.

Creo conveniente que los actores políticos veamos esta propuesta de la CEPAL con interés y quién sabe si hasta con la esperanza de convertir este asunto en un espacio de consenso. Si está pandemia tiene alguna enseñanza que darnos pues, aprendamos desde ya que son necesarios nuevos pactos sociales y políticos. Estoy plenamente de acuerdo con Alicia Bárcena cuando expresa que ante los devastadores efectos económicos y sanitarios de la pandemia y la endémica desigualdad social en el hemisferio (mucho más en Venezuela conforme a los datos de Encovi) “se requiere la defensa de la integralidad e indivisibilidad de los derechos (humanos) y la búsqueda de una nueva ecuación entre el Estado, la sociedad, el mercado y la familia”. Hoy en Venezuela vivimos un “sálvese quien pueda”, el que tenga dólares que coma y tenga agua, el resto que se coma un cable. Pues no, eso es inaceptable, una sociedad democrática no puede dejar a nadie atrás y menos a las vastas mayorías que hoy representan el 80% de la población en riesgo alimentario.

Rubén Limas